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3004229220030042317Corte Constitucional200Corte ConstitucionalCC-SENTENCIAC300202108/09/2021CC-SENTENCIA_C_300__2021_08/09/20212021LA CORTE DECLARÓ CONSTITUCIONAL LOS INCISOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1930 DE 2018 QUE PERMITEN LA CONTINUACIÓN DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARI AS DE BAJO IMPACTO QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN LAS ZONAS DELIMITADAS COMO PÁRAMOS. ESTIMÓ QUE LAS REFERIDAS DISPOSICIONES GARANTIZAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBI ANAS AL TERRITORIO, LA SUBSISTENCIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, AL TIEMPO QUE NO AFECTAN EL MANDATO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN TANTO CONDICIONAN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE BAJO IMPACTO AL USO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y LA DEFENSA DE LOS PÁRAMOS.
08/09/2021Jorge Enrique Ibáñez NajarLEY 1930 DE 2018 (art. 10)D-12973Identificadores20030220647Identificadores1383434true30255566original

Fecha Providencia

08/09/2021

Fecha de notificación

08/09/2021

Magistrado ponente:  Jorge Enrique Ibáñez Najar

Norma demandada:  LEY 1930 DE 2018 (art. 10)


LA CORTE DECLARÓ CONSTITUCIONAL LOS INCISOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 1930 DE 2018 QUE PERMITEN LA CONTINUACIÓN DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARI AS DE BAJO IMPACTO QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN LAS ZONAS DELIMITADAS COMO PÁRAMOS. ESTIMÓ QUE LAS REFERIDAS DISPOSICIONES GARANTIZAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBI ANAS AL TERRITORIO, LA SUBSISTENCIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, AL TIEMPO QUE NO AFECTAN EL MANDATO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN TANTO CONDICIONAN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE BAJO IMPACTO AL USO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y LA DEFENSA DE LOS PÁRAMOS.

1. Norma demandada

"Ley 1930 de 2018

Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia

El Congreso de Colombia,

Decreta

( ...)

Artículo 10. De las actividades agropecuarias y mineras. Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 1 6 de junio de 201 1 previa definición y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar la conservación de los páramos y el suministro de servicios ecosistémicos.

En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los habitantes del páramo para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor.

Podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos.

Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo. A efectos de dar cumplimiento a estas disposiciones se deberán involucrar los actores públicos y privados que se estimen pertinentes."

2. Decisión

PRIMERO. Levantar la suspensión de términos decretada en este proceso mediante el Auto 404 de 2019.

SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE los incisos tercero y cuarto del artículo 1 0 de la Ley 1930 de 2018 "Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia" por el cargo analizado.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos

La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una demanda ciudadana contra el artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 (parcial). A juicio del demandante, la disposición acusada vulnera los artículos 79, 333 y 334 de la Constitución Política que prevén, en su orden: (i) el derecho a gozar de un ambiente sano, (ii) el deber estatal de limitar la libertad económica para proteger el ambiente y, (iii) la preservación del ambiente sano como objetivo de la intervención del Estado en la economía. A su juicio, es inconstitucional que en los ecosistemas de páramo se permitan actividades agropecuarias de cualquier naturaleza dado que éstas pueden tener efectos negativos irreversibles en las coberturas vegetales y la conformación fisicoquímica y geomorfológica del suelo y el subsuelo.

La Sala Plena estimó que el único cargo apto para generar un pronunciamiento de fondo sería el formulado por el desconocimiento del artículo 79 de la Constitución Política, por cuanto el demandante no desarrolló el cargo por violación de los artículos 333 y 334. En particular, no señaló cuál es el contenido normativo de estas disposiciones constitucionales que resultarían desconocidas por efecto de lo previsto en el artículo demandado.

Dado que la porción de la disposición demandada está relacionada de forma inescindible con lo previsto en la totalidad del inciso tercero y se complementa con lo dispuesto en el inciso cuarto, la Corte estimó necesario integrar la unidad normativa con la totalidad de estos incisos.

La Corte identificó en este caso una tensión entre el mandato constitucional de protección ambiental de los páramos como ecosistemas estratégicos y la garantía de los derechos al territorio, la seguridad alimentaria y, la identidad cultural de las comunidades campesinas que habitan esas zonas, así como los derechos de las comunidades étnicas y raciales cuyo territorio se encuentra en zonas de páramos. Por un lado, reiteró la jurisprudencia constitucional en relación con la conservación y protección de ecosistemas estratégicos y concluyó que, los servicios ecológicos que prestan los páramos para la regulación del ciclo hídrico, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, obligan al Estado a dar prevalencia a su conservación y restauración por encima de su explotación bajo un modelo de crecimiento económico de desarrollo sostenible. Por otro lado, la Sala advirtió que las comunidades campesinas, entre ellas las que habitan las zonas de páramos, son sujetos de especial protección constitucional, y sus derechos al territorio, la seguridad alimentaria y la supervivencia cultural deben ser garantizados por el Estado. Así mismo, resaltó que la presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas en zonas de páramos demanda del Estado la adopción de medidas de protección de su territorio y su identidad cultural pues para estas los ecosistemas de páramos involucran contenidos espirituales y sociales, además de suplir necesidades de subsistencia.

Para dar respuesta a la tensión descrita, y con el objetivo de resolver el cargo formulado , la Sala delimitó primero el alcance y contenido de la disposición demandada y señaló que esta admite la continuidad de actividades agropecuarias: i) que tengan bajo impacto, esto es que garanticen la integridad y funcionalidad ecológica de los ecosistemas de páramos; ii) que ya se vinieran desarrollando a la promulgación de la ley, es decir, no se permiten nuevas actividades de este tipo, ni la ampliación de la frontera agrícola para su ejecución; y, iii) que para el efecto se haga uso de buenas prácticas que, a su turno cumplan con estándares ambientales en defensa de los páramos. Así mismo, la Sala advirtió que, en concordancia con las demás previsiones contenidas en la Ley 1930 de 2018 las actividades que se pueden seguir desarrollando en los páramos deben: a) cumplir el plan de manejo ambiental del área en la que se desarrollan y, b) no pueden incorporar ninguna de las prácticas expresamente prohibidas en el artículo 5.

La Sala insistió en que la disposición acusada no permite el ejercicio ilimitado de actividades agropecuarias de bajo impacto, ni la ampliación de la frontera agrícola en zonas de páramo, sino que vincula a la institucionalidad ambiental y agraria , y a las entidades territoriales para que identifiquen las actividades que ya se venían desarrollando en las áreas delimitadas , regulen las actividades de bajo impacto, las incorporen en los planes de manejo ambiental de cada zona, capaciten a las comunidades e inviertan en planes y proyectos que les permitan adoptar buenas prácticas que cumplan con estándares ambientales en defensa de los páramos. Por último, la Sala aclaró que la autorización prevista en la disposición demandada no ampara la continuidad de los cultivos de uso ilícito que se desarrollan en los páramos delimitados.

Al resolver el caso concreto, la Sala encontró que: primero, la norma acusada no afecta el contenido esencial o mínimo del derecho al medio ambiente porque (i) no hay una autorización irrestricta de realizar actividades en los ecosistemas de páramos y (ii) escapa el ámbito de las facetas relacionadas con el principio de no discriminación. Segundo, aunque en términos formales es posible considerar que la medida disminuye el nivel de protección previsto en disposiciones legales previas (Ley 1450 de 201 1 y Ley 1753 de 2015) , que prohibían expresamente adelantar cualquier tipo de actividad agropecuaria en los ecosistemas de páramos, y en su lugar autoriza dar continuidad a las actividades agropecuarias de bajo impacto; la medida analizada garantiza la protección de los derechos al territorio , la seguridad alimentaria y la identidad cultural de las comunidades campesinas , étnicas y raciales que habitan los páramos, por una parte y, por la otra, el reparto equitativo de las cargas que impone la protección de los páramos como ecosistemas estratégicos para la producción de agua, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La Corte concluyó que el impacto de las disposiciones acusadas en el mandato de protección ambiental de ecosistemas estratégicos es ampliamente compensado con los beneficios que genera a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que habitan los páramos en términos de la garantía de sus derechos fundamentales.

4. Reservas aclaración de voto

La magistrada DIANA FAJARDO RIVERA y el magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO se reservaron la posibilidad de aclarar su voto.