200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038965CC-SENTENCIAC95202025/05/2020CC-SENTENCIA_C_95__2020_25/05/2020300389722020L A C ORTE C ONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE PRÓRROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL C ÓDIGO G ENERAL D ISCIPLINARIO MEDIANTE DISPOSICIÓN DEL P LAN N ACIONAL DE D ESARROLLO 2018-2022
03/03/2020José Fernando ReyesLey 1955 de 2019Identificadores20030214950true1326886original30188478Identificadores

Fecha Providencia

25/05/2020

Fecha de notificación

03/03/2020

Magistrado ponente:  José Fernando Reyes

Norma demandada:  Ley 1955 de 2019


LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE PRÓRROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO MEDIANTE DISPOSICIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EXPEDIENTE D-13281 - SENTENCIA C-095/20 (marzo 3)

M.P. José Fernando Reyes Cuartas

1. Norma demandada

LEY 1955 DE 2019

(mayo 25)

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

ARTÍCULO 140. PRÓRROGA CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO. Prorróguese hasta el 1 de julio de 2021 la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.

2. Decisión

Declarar EXEQUIBLE el artículo140 de la Ley 1955 de 2019, por el cargo examinado.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia

En el presente caso, le correspondió a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿la norma acusada al prorrogar la entrada en vigencia del Código General Disciplinario hasta el 1 de julio de 2021, vulnera el principio de unidad materia al no guardar conexidad directa e inmediata con los objetivos generales y las finalidades de la ley del Plan Nacional de Desarrollo

Para la Corte, la norma acusada responde al principio de unidad de materia. El documento Bases del PND que hace parte integral de la ley del plan (art. 2º de la Ley 1955 de 20191) prevé acciones en materia disciplinaria (gestión de control interno y disciplinario, pacto por la legalidad): “La Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y oficinas de control interno disciplinario de las entidades públicas darán inicio a un proceso de adecuación técnica, procedimental, logístico, conceptual y de infraestructura tecnológica y física que permitan una correcta implementación de la Ley 1952 de 2019. Asimismo, capacitarán a los funcionarios para proveerlos de las herramientas necesarias para el desarrollo del procedimiento oral previsto en la precitada norma en garantía de los derechos de los sujetos procesales. Para el efecto, el Gobierno Nacional a través de la Procuraduría General de la Nación, revisará la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019”. (Página 112 del documento Bases del PND.

1 Elaborado por el Gobierno nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, y construido desde los territorios, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo.

De esta manera, el Tribunal evidenció que las Bases del plan ya esbozaban la necesidad de prorrogar la vigencia del Código Disciplinario Único para lograr el fin de la legalidad. Por ende, existe una relación causal inequívoca entre, de una parte, los objetivos generales y estrategias y, de otra, la prórroga del Código General Disciplinario contemplada en la norma acusada. Son variadas las acciones que se refieren en la ley del PND en materia de corrupción (legalidad), como son: i) lo disciplinario (compromete la celeridad: proceso oral y garantías del investigado) y ii) la implementación efectiva del nuevo sistema disciplinario (adecuación técnica, procedimental, logística, conceptual y de infraestructura).

Aún con los esfuerzos realizados, la implementación del Código General Disciplinario compromete recursos presupuéstales por una cifra cercana a los $129 mil millones de pesos, lo que justifica en su opinión que el legislador hubiera previsto una disposición que, al prorrogar la entrada en vigencia del Código, permitiera la preparación del proceso y su idónea implementación. De ahí que se haga necesario preparar en forma adecuada a las entidades y funcionarios encargados de su implementación y de esta forma asegurar el cumplimiento de los objetivos y estrategias trazados en el pacto por la legalidad del plan.

Entonces, se presenta una conexidad directa e inmediata entre la prórroga mencionada y la necesidad de lograr y ejecutar tales recursos, en tanto su ausencia supone un obstáculo para adelantar las investigaciones disciplinarias de conformidad con las reglas del nuevo Código. Por esta razón la Corte encuentra comprobada la conexidad causal, temática, teleológica y sistemática entre los objetivos del Plan y los fines esperados con la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.

Para la Corte se trata finalmente de un asunto presupuestal, a saber: adecuación técnica, procedimental, logística, conceptual y de infraestructura tecnológica y física, por lo que resultan comprometidos elementos propios del concepto de planeación, como la disponibilidad de recursos para la implementación efectiva.

Destacó que una de las modificaciones más importantes del nuevo código es la instauración de la oralidad en varias etapas del juicio disciplinario, en la pretensión de un código más eficiente, que exige medidas de orden técnico, procedimental y logístico. Especialmente se busca aumentar las garantías y derechos fundamentales de quien debe ser investigado.

Por último, esta Corporación destacó que la prórroga se dio por un tiempo determinado, esto es, por un término de dos años.

4. Salvamentos y aclaración de voto

Las magistradas GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO y CRISTINA PARDO SCHLESINGER salvaron su voto, toda vez que consideraron que la Corte ha debido declarar la inexequibilidad del artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, debido a que no guarda conexidad directa e inmediata con la parte general de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, con fundamento en las siguientes razones:

(i) En primer lugar, se adujo por la mayoría que el objetivo previsto en el PND era el logro de herramientas más eficaces para la lucha contra la corrupción, a partir de procedimientos expeditos. Con base en los antecedentes legislativos, se advierte que el objetivo del Código General Disciplinario era el de contar con un proceso ágil, concentrado en un solo procedimiento basado en buena medida en el principio de oralidad. Sin embargo, la prórroga de la vigencia del actual Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) significa la extensión de su permanencia en el ordenamiento jurídico por dos años más, pese a que había sido calificado como ineficiente, lo que precisamente motivó su reforma. Por consiguiente, no existía una relación instrumental entre medios y fines previstos, sino que antes bien, existe una contradicción entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la medida prevista en el precepto acusado.

(ii) En segundo lugar, se encontraba demostrada la violación del principio de unidad de materia cuando el Plan Nacional de Desarrollo incluye como mecanismo de implementación una previsión que no busca planificar las políticas gubernamentales y articularlas con los órganos y ramas del poder público por cuatro años, sino llenar vacíos e inconsistencias en leyes anteriores. Las magistradas ORTIZ y PARDO observaron que el Código General Disciplinario había previsto tanto un régimen de transición normativa, como la prórroga de la entrada en vigencia de sus disposiciones sobre procedimiento por el término de dieciocho meses. De esta manera, lo que se evidencia es que el precepto acusado tenía por objeto corregir el yerro del Legislador, al establecer un plazo insuficiente para la adecuación institucional de la oralidad en el proceso disciplinario. Se trata de una norma que resulta extraña a los mecanismos de planeación.

(iii) Del mismo modo, las magistradas encontraron que el hecho de que el mecanismo hubiese sido enunciado, en todo caso de manera poco precisa, en el documento de Bases del PND, no era argumento suficiente para fundamentar la unidad de materia, merced a la naturaleza multitemática de la parte general del plan y en particular, del documento de Bases que tiene carácter normativo. Por el contrario, señalaron que existía evidencia acerca de que el Congreso estaba en capacidad de adoptar legislación específica sobre la mencionada prórroga, lo cual hubiese redundado en el debate genuinamente deliberativo, fundamento de la debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras.

Por su parte, el magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO aclaró su voto, por cuanto si bien estuvo de acuerdo en que en este caso no se configuró vulneración del principio de unidad de materia, hará algunas precisiones sobre la forma en que debe ser la valoración particular del cumplimiento de este principio en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.