200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038789CC-SENTENCIAC23202029/01/2020CC-SENTENCIA_C_23__2020_29/01/2020300387942020DESPUÉS DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA SOBRE ALGUNOS APARTES DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, LA CORTE DISPUSO ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-443 DE 2017. EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS INCISOS DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA, LA CORTE SE INHIBIÓ, POR NO HABERSE CONSTRUIDO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN, INDISPENSABLE PARA UN FALLO DE FONDO
29/01/2020Antonio José Lizarazo OcampoLey 1564 de 2012Identificadores20030210249true1321481original30184040Identificadores

Fecha Providencia

29/01/2020

Fecha de notificación

29/01/2020

Magistrado ponente:  Antonio José Lizarazo Ocampo

Norma demandada:  Ley 1564 de 2012


DESPUÉS DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA SOBRE ALGUNOS APARTES DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, LA CORTE DISPUSO ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-443 DE 2017. EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS INCISOS DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA, LA CORTE SE INHIBIÓ, POR NO HABERSE CONSTRUIDO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN, INDISPENSABLE PARA UN FALLO DE FONDO

Norma acusada LEY 1564 DE 2012 (julio 12))

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal. Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado. Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. Será nula de pleno derecho5 la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley. El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales. PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada.

Decisión

Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-443 de 2019, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 121 del Código General del Proceso, “en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente solo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término de fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que haya proferido sentencia”. Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-443 de 2019, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso sexto del artículo 121 del Código General del Proceso y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, “en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia y de que es saneable en los términos del artículo 132 y subsiguientes del Código General del Proceso”. Tercero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-443 de 2019, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada del inciso octavo del artículo 121 del Código General del Proceso “en el sentido de que el vencimiento de los plazos contemplados en dicho precepto no implica una descalificación automática en la evaluación de desempeño de los funcionarios judiciales”. Cuarto. Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los incisos primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo y el parágrafo del artículo 121 del Código General del Proceso, por ineptitud sustantiva de la demanda.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Síntesis de la providencia

De manera preliminar, la Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional sobre algunos apartes del artículo 121 del Código General del Proceso, en la medida que se trataba de una demanda contra las mismas normas y por los mismos cargos decididos en la sentencia C-443 de 2019. En consecuencia, la Sala determinó estarse a lo resuelto en la sentencia previamente mencionada, que declaró la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 121 del Código General del Proceso; la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” que hacía parte del inciso sexto de la misma disposición y a su vez la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, y que finalmente declaró exequible también, de manera condicionada, el inciso octavo del citado artículo 121, en la misma sentencia C-443 de 2019. En relación con los cargos formulados contra los incisos primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo y el parágrafo del artículo 121 del Código General del Proceso, la Corte estableció que la demanda no cumplía con uno de los requisitos mínimos previstos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, para que exista un pronunciamiento de fondo de la Corte. En efecto, a pesar de que el accionante afirmó controvertir la totalidad del artículo 121 en mención, no construyó el concepto de la violación con relación a los incisos señalados. El actor hizo una reproducción de una providencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, cuyos argumentos aseguró compartir en toda su extensión, a través de la cual cuestionó exclusivamente las consecuencias de la pérdida automática de competencia y de la nulidad de pleno derecho de las actuaciones posteriores. Sin embargo, no explicó por qué eran inconstitucionales los demás contenidos normativos de la disposición acusada que fueron demandados, por lo que no era posible verificar si existía o no una oposición entre estos y el precepto constitucional presuntamente vulnerado. Por consiguiente, al no concurrir argumento alguno –claro, cierto, específico, pertinente y suficiente- que constituyera un auténtico cargo de inconstitucionalidad, la Corte procedió a declararse inhibida para proferir un pronunciamiento de fondo en relación con los mencionados incisos, por ineptitud sustantiva de la demanda.

ACLARACIÓN DE VOTO

El Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS aclaró su voto al considerar que, si bien comparte la decisión mediante la cual la Sala Plena declara cosa juzgada constitucional con respecto al inciso segundo, octavo y la expresión “de pleno derecho” y, a la vez, se inhibe para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los incisos primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo y el parágrafo del artículo 121 del Código General del Proceso, por ausencia del concepto de la violación, en consonancia con lo expresado en el salvamento de voto a la sentencia C-443 de 2019, le corresponde en esta ocasión reiterar los fundamentos que lo llevaron a apartarse de la decisión mayoritaria de la Sala Plena, en esa oportunidad. El Magistrado ROJAS ratificó al respecto, que no compartía el sentido ni las consideraciones a partir de las cuales la Corte determinó nuevas reglas en relación con la duración del proceso judicial. Justamente por ello, en este caso, reafirma lo consignado en el precitado salvamento de voto, el cual se contrae a que la figura de la pérdida automática de competencia en el diseño originario del legislador, por sí misma, aseguraba que se pudiera acudir a la administración de justicia con la confianza legítima de que la duración de su actuación estaría limitada en el tiempo. Así, era clara en establecer que el juez debía atenerse a la consecuencia de tener que trasladar el proceso a otro funcionario judicial en el evento de no cumplir con los términos. Esta cuestión, analizada sistemáticamente, en modo alguno quebranta el debido proceso o el acceso a la administración de justicia, ya que, ante circunstancias como la complejidad del pleito o la congestión del despacho, el inciso 5 de la misma normativa faculta la prórroga de la competencia por seis meses adicionales. Reiteró que su discrepancia reside, entonces, en que la expresión “automática” no debió despojarse de su efecto inmediato, pues ello sustrae del ordenamiento el deber oficioso e inminente de los jueces de trasladar la competencia a otro juez cuando se han vencido los términos. Si bien se trata de una medida razonable que guarda perfecta correspondencia con los parámetros del debido proceso y acceso a la administración de justicia, deja abierta una duda relacionada con el derecho de las partes a solicitar la aplicación de dicha medida cuando el juez omite su deber de decretarla de oficio. Por esta razón consideró que, ante las interpretaciones surgidas de la norma, la expresión “automáticamente” debió ser condicionada únicamente a que si el juez no decreta su pérdida automática de competencia, como en efecto es su deber hacerlo y, por consiguiente, continua realizando las correspondientes actuaciones judiciales, las partes tienen el derecho a solicitar la aplicación de esta figura antes de que se profiera la respectiva sentencia de instancia y, consecuentemente, las actuaciones realizadas con posterioridad a dicho vencimiento son subsanables en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso.