100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030038730SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-27-000-2014-00149-00 (21464) 201919/09/2019SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-27-000-2014-00149-00 (21464) __2019_19/09/2019300387352019
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadStella Jeannette Carvajal BastoMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROSMATÍAS CORAL ZULUAGAfalse19/09/2019artículos 9 [inc. 2] del Decreto Reglamentario 4910 de 2011 y 11 del Decreto Reglamentario 0489 de 2013Identificadores10030209207true1319484original30183313Identificadores

Fecha Providencia

19/09/2019

Fecha de notificación

19/09/2019

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Stella Jeannette Carvajal Basto

Norma demandada:  artículos 9 [inc. 2] del Decreto Reglamentario 4910 de 2011 y 11 del Decreto Reglamentario 0489 de 2013

Demandante:  MATÍAS CORAL ZULUAGA

Demandado:  MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Referencia: NULIDAD

Radicación: 11001-03-27-000-2014-00149-00 (21464) y 11001-03-24-000-2014-00333-00 - ACUMULADOS

Demandante: MATÍAS CORAL ZULUAGA

Demandados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS

Temas: Nulidad de los artículos 9 [inc. 2] del Decreto Reglamentario 4910 de 2011 y 11 del Decreto Reglamentario 0489 de 2013. Facultad reglamentaria en la regulación del beneficio de progresividad establecido en la Ley 1429 de 2010.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1º del artículo 149 del CPACA, corresponde a la Sala decidir sobre las demandas de nulidad interpuestas contra el artículo 9 [inc. 2] del Decreto Reglamentario 4910 del 26 de diciembre de 2011 y el artículo 11 del Decreto Reglamentario 0489 del 14 de marzo de 2013, expedidos por los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Seguridad Social, de Comercio, Industria y Turismo y, de Salud y Protección Social.

DEMANDA

Matías Coral Zuluaga y Francisco Javier Afanador Quiñonez[1], a través de demandas tramitadas en distintos procesos[2], acumulados por Auto del 31 de marzo de 2017[3], solicitaron la nulidad de los artículos 9 [inc. 2] del Decreto 4910 del 26 de diciembre de 2011 y 11 del Decreto 0489 del 14 de marzo de 2013.

Dichas demandas invocaron como normas violadas los artículos 6, 29, 150 [1], 113, 189 [11] y 338 de la Constitución Política; 8 y 48 de la Ley 1429 de 2010. Los conceptos de violación, se integran y sintetizan como sigue:

Manifestaron que la Ley 1429 de 2010 no estableció ninguna causal de pérdida del beneficio de progresividad y que de su texto tampoco puede inferirse que la inobservancia de obligaciones tributarias, laborales y comerciales acarree automáticamente esa pérdida, pues el beneficio se previó “sin perjuicio” de las referidas obligaciones, es decir, “dejando a salvo” el cumplimiento de las mismas.

Señalaron que las normas acusadas disponen sanciones caprichosas, arbitrarias, desconocedoras de la voluntad legislativa de incentivar la pequeña industria; que para acceder y conservar el beneficio de progresividad, el artículo 48 de la referida Ley 1429 se limitó a enunciar los requisitos que preceden al nacimiento de aquel y que el artículo 8 ejusdem, invocado por el artículo 11 del Decreto 0489 de 2013, no estableció la pérdida del beneficio y/o privación del derecho a conservarlo.

Cuestionaron la pérdida del beneficio por cuenta de la “no presentación de declaraciones tributarias”, dado que el Estatuto Tributario prevé sanciones específicas para esa omisión, con efectos menos gravosos como la “extemporaneidad”.

Anotaron que los decretos reglamentarios demandados suplantaron la competencia legislativa, porque establecieron causales de pérdida del beneficio de progresividad de manera directa y sin sustento legal; en esa medida, dichos decretos excedieron la potestad reglamentaria y transgredieron el principio de legalidad, pues al congreso le corresponde regular los beneficios tributarios y, consiguientemente, definir los casos en que aquellos se pierden. Asimismo, incurrieron en una extralimitación de funciones ajena al principio de colaboración armónica y control mutuo entre los distintos órganos del Estado, además de opuesta a la división tripartita del poder público y a la separación de sus ramas.

SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Los demandantes solicitaron la suspensión provisional de las normas acusadas[4]. Por Auto del 13 de febrero de 2018[5] se desestimó tal medida cautelar, descartando la violación alegada por los demandantes, máxime cuando los precedentes en la materia[6] puntualizan que los deberes tributarios, laborales y comerciales impuestos por las disposiciones enjuiciadas correspondían con lo establecido en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010 y con el objetivo de promover la generación de empleo formal.

CONTESTACIONES DE LOS DEMANDADOS

El MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL[7] se opuso a las pretensiones de las demandas, porque las normas demandadas se expidieron en ejercicio de la facultad reglamentaria y buscaron evitar excesos en la aplicación de la Ley 1429 de 2010, desarrollar el espíritu de la misma, proporcionar a las empresas informales las herramientas necesarias para cumplir sus obligaciones como persona jurídica, y controlar la generación de empleo en las pequeñas empresas formalizadas.

Anotó que la excepcionalidad de los beneficios tributarios obliga a la administración a garantizar su debida aplicación, de modo que las prohibiciones legales puedan efectivizarse mediante la constatación de una serie de documentos dirigidos a verificar el lleno de las condiciones establecidas en la ley para acceder o permanecer en el régimen excepcional.

Señaló que las normas demandadas no violaron ninguna disposición legal y se limitaron a adoptar medidas congruentes frente al incumplimiento del pago de las obligaciones de la seguridad social integral y de los aportes parafiscales a cargo de los empleados de las empresas beneficiadas por la progresividad, sin las cuales sería inócuo el impacto de los incentivos otorgados a la formalización de empleo.

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE[8] destacó que la Ley 1429 de 2010 buscó acabar con el empleo precario e informal y generar incentivos de formalización en las etapas de creación de empresas para ampliar los beneficios y disminuir los costos de la formalización.

Señaló que las normas demandadas recogen el espíritu de dicha ley; disponen lo necesario para conservar los beneficios establecidos en la misma, de acuerdo con el artículo 8 ib., y para establecer la procedencia de aquellos a la luz del artículo 4 ejusdem; no transgreden el ideal filosófico de la Constitución y tampoco exceden las facultades reglamentarias otorgadas al ejecutivo.

Afirmó que los decretos acusados buscaron hacer más expedita la ley y premiar a las empresas que pagan el impuesto de renta, los parafiscales y otras contribuciones de nómina, y cumplen con la matrícula mercantil y su renovación.

El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO[9] señaló que la facultad reglamentaria no se reduce a la reproducción de la norma objeto de reglamentación, sino a la efectividad del cumplimiento de la misma, a través de actos administrativos llamados a materializar el enunciado abstracto de la ley, según lo ha precisado la jurisprudencia constitucional.

Precisó que el desarrollo legislativo de cada materia no debe ser necesariamente integral, de modo que la ley sólo delimita el tema regulado y deja la concreción del mismo a los reglamentos administrativos. Por tanto, como la Ley 1429 de 2010 no especificó las obligaciones de los beneficiarios de la progresividad, los decretos demandados podían hacerlo en ejercicio de la facultad reglamentaria.

Anotó que, legalmente, el beneficio de progresividad se encuentra supeditado a exigencias mínimas para la formalización de las empresas en sus etapas iniciales y que el Decreto 0489 de 2013 simplemente las desarrolló de acuerdo con los lineamientos trazados por la misma ley. Reconocer el beneficio a quienes incumplen tales obligaciones contrariaría el objetivo de la Ley 1429 de 2010.

Precisó que la expresión “sin perjuicio” significa que los beneficios de los artículos 4, 5 y 7 de dicha ley no afectan las obligaciones laborales, tributarias y de registro mercantil pues, además de que la misma ley supeditó la conservación de aquellos al cumplimiento de las mismas, existen razones de orden público y constitucional para mantener la reglamentación de tal condición.

El MINISTERIO DE TRABAJO[10] indicó que la Ley 1429 de 2010 buscó conjurar la informalidad empresarial y laboral en Colombia y, luego de referirse a las consecuencias negativas de la misma, destacó que dicha ley sujetó la concesión del beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta, contribuciones parafiscales y otras contribuciones de nómina y registro mercantil, al cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales y comerciales a cargo de sus beneficiarios.

Anotó que las normas demandadas no establecen sanciones sino condiciones que permiten acceder al beneficio a quienes lo cumplen y que implican no poder ejercerlo o dejarlo de tener para quienes incumplen. En ese sentido, precisó que la prohibición de acceso al beneficio establecida en el artículo 48 ib. es el efecto de dejar de cumplir las condiciones para mantener el beneficio de progresividad, y no una sanción, de modo que al no existir esta desaperece el eje central de las demandas y se hace improcedente la anulación de las normas demandadas.

Resaltó que para focalizar el incentivo hacia la generación de empleo formal para jóvenes, los antecedentes de la Ley 1429 de 2010 advirtieron sobre la propuesta de introducir una discriminación positiva que filtrara a los beneficiarios del descuento por fecha de nacimiento en el momento de acceder al beneficio, so pena de permitir injustamente que quienes no cumplieran los requisitos para mantener el beneficio accedieran al mismo.

Esgrimió que, acorde con la reserva legal y la cláusula de competencia legislativa, el artículo 49 de dicha ley estableció directamente las sanciones aplicables por suministro de información falsa para obtener el beneficio de progresividad y que los reglamentos de dicha ley simplemente reiteraron la improcedencia de mantener los beneficios tributarios en caso de incumplir las condiciones previstas para el mismo, haciendo expreso lo que debe acontecer cuando el empresario no cumple las condiciones para mantenerlos.

Concluyó que las condiciones establecidas en el reglamento garantizan la eficiencia de los incentivos otorgados por la Ley 1429 de 2010; que por formalización del empleo debe entenderse el cumplimiento de las obligaciones laborales cuya exigencia conlleva el pago de la seguridad social, contribuciones parafiscales y otras de nómina; que en el caso concreto no se violó la Constitución Política, porque el poder reglamentario es una atribución dispuesta por el propio constituyente y que las normas demandadas simplemente precisaron las condiciones para constituir nuevas empresas y favorecer la creación de empleos, a través de una regulación especial, carente de contenidos sancionatorios.

El MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO[11] señaló que la interpretación del demandante sobre el artículo 8 de la Ley 1429 de 2010 desconoce el contexto y sentido de la misma. Las normas acusadas buscaron materializar beneficios a las pequeñas empresas que solo puede conservarse si los beneficiados cumplen las obligaciones tributarias, laborales y comerciales de presentar las declaraciones de renta, renovar el registro mercantil y pagar aportes al sistema de seguridad social integral.

Negó la extralimitación de potestad reglamentaria, porque las normas mencionadas solo determinaron la operatividad de la Ley 1429 de 2010, precisando las condiciones o compromisos legales de ileudible acatamiento en las que se mantenía el beneficio de progresividad.

Señaló que no puede pretenderse mantener el beneficio de progresividad para quienes incumplen las obligaciones tributarias, ni interpretar las normas demandadas por fuera del contexto de esa legislación especial o del ordenamiento comercial o de seguridad social. Las normas acusadas no crean tributos, sino que disponen efectos frente al mantenimiento del beneficio de progresividad regulado con antelación en la ley.

Destacó que el artículo 8 de la Ley 1429 de 2010 no exonera el cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y comerciales para alcanzar el beneficio de progresividad, de modo que el artículo 11 del Decreto 0489 de 2013 se limita a acatar dicha ley, previniendo a los beneficiados sobre el deber de atender esas obligaciones, so pena de perder el beneficio.

Insistió en que la reglamentación demandada precisó las condiciones y requisitos cuya observancia condiciona la procedencia de los incentivos otorgados para promover la creación de las nuevas pequeñas empresas.

AUDIENCIA INICIAL

Previa acumulación del proceso 2014-00333-00 al 2014-00149-00 (21464)[12], se llevó a cabo la audiencia inicial[13] de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia se puso de presente que no procedía la conciliación para el medio de control público impetrado, se advirtió que el trámite procesal no adolecía de ninguna irregularidad objeto de saneamiento ni generadora de nulidad, y que tampoco había excepciones previas que debieran resolverse.

En cuanto a la fijación del litigio, el a quo lo concretó en lo siguiente, según el petitum de cada proceso:

Exp. 2014-00149-00 (21464)

Si el inciso segundo del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 y el artículo 11 del Decreto 489 de 2013, viola los artículos 29, 113, 150 [1], 189 [11] y 338 de la Constitución Política y 8 y 48 de la Ley 1429 de 2010, por cuenta de establecer causales de pérdida del beneficio de progresividad no previstas en dicha ley; si el ejecutivo se atribuyó facultades legislativas, vulneró el principio de legalidad tributaria y se extralimitó en su potestad reglamentaria, por disponer sanciones sin respaldo legal para acceder y conservar el beneficio mencionado, además de desproporcionadas y vulneradoras del debido proceso, en cuanto el Estatuto Tributario ya contemplaba sanciones en relación con las declaraciones tributarias.

Exp. 2014-00333-00

Si el artículo 11 de la Ley 489 de 2013 violaba los artículos 6 de la Constitución Política y 8 de la Ley 1429 de 2010 por sancionar el incumpimiento de obligaciones tributarias, laborales y comerciales con la pérdida de los beneficios establecidos en dicha ley, y si el Gobierno Nacional carecía de facultades expresas para adoptar ese tipo de reglamentación.

Finalmente, se ordenó tener como pruebas las aportadas con las demandas y los escritos de contestación a las mismas, y correr traslado para alegar de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El Ministerio de Salud y Protección Social[14] reiteró los argumentos de su escrito de contestación.

El Ministerio de Industria y Comercio[15] insistió en las razones de su contestación y resaltó que las normas acusadas no incurrieron en ninguna causal de nulidad, en tanto que se expidieron con base en las facultades constitucionales y legales, dirigidos a lograr los objetivos de la Ley 1429 de 2010 y a permitir la verificación de los requisitos para acceder y conservar los beneficios excepcionales que dicha ley estableció.

Adujo que la propia Ley 1429 de 2010 establece la improcedencia o pérdida del beneficio de progresividad para los empresarios que no cumplan los requisitos legales del mismo y que los demandantes no aportaron pruebas de la violación normativa que invocan ni, especialmente, del cargo de extralimitación de la potestad reglamentaria.

El Ministerio de Trabajo[16] aludió a la necesidad de expedir las normas demandadas para desarrollar los aspectos técnicos de la norma superior, pues la facultad legislativa no se ocupa de ciertos aspectos de las instituciones jurídicas que, por lo mismo, deben ser regulados vía reglamento.

Según la motivación de los decretos acusados, indicó que estos no buscaron menoscabar los derechos de los sujetos beneficiados ni vulnerar normas superiores, sino armonizar con la realidad cambiante.

Resaltó que los decretos demandados se expidieron en ejercicio de una potestad reglamentaria legítima que, como tal, se amplía o restringe de acuerdo con el margen de regulación determinado implícitamente por el propio cuerpo legal reglamentado. Las normas enjuiciadas no entrañan causal de nulidad, porque se expidieron en desarrollo de una potestad reglamentaria correctamente ejercida y dentro de un procedimiento institucional en el que se publicaron las normas acusadas y que contó con la participación del Ministerio desde el proyecto de decreto que los contiene. En lo demás, la cartera ministerial reiteró su escrito de contestación.

Por su parte, el Departamento Admninistrativo Nacional de Estadística – DANE aludió los argumentos de su escrito de contestación para concluir que las normas demandadas no contrariaron el ordenamiento jurídico y que los cargos de las demandas se fundan en una equívoca y sesgada interpretación de las normas que consideraron trangredidas y de los actos demandados.

Estimó válida la continuidad en el cumplimiento de obligaciones empresariales, como condición para conservar el beneficio de progresividad y propiciar un ambiente participativo en el que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades y beneficios por parte del Estado, con la correlativa obligación de cumplir deberes y compromisos y de acatar mandatos legales.

El Ministerio Público[17] señaló que el inciso primero del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 reflejó, con palabras más detalladas, lo establecido en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010, pues el beneficio de progresividad solo pueden tenerlo las pequeñas empresas que mantengan los elementos previstos en dicha ley para considerarse como tales.

Asimismo, solicitó la anulación del inciso segundo del mismo artículo 9 y del artículo 11 del Decreto 0489 de 2013, por exceso en la potestad reglamentaria, dado que exigieron nuevos requisitos para acceder al beneficio de progresividad previsto en la citada Ley 1429, a los cuales no supeditó el concepto de “pequeñas empresas”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos de la fijación del litigio, corresponde examinar la legalidad de los artículos 9 [inc. 2] del Decreto 4910 de 2011 y 11 del Decreto 0489 de 2013, los cuales, en su orden, dispusieron la pérdida o improcedencia del beneficio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 y los casos en que no pueden conservarse los beneficios previstos en los artículos 5 y 7 ib.

A la luz de los cargos de nulidad, la Sala debe establecer: i) si las normas acusadas exceden la facultad reglamentaria otorgada por el numeral 11 del artículo 189 de la CP y, ii) si vulneran el principio de reserva de ley, en el entendido de que crean una sanción improcedente por falta de fundamento legal y que, además, es desproporcional e innecesaria frente a tipos sancionables especiales previstos en el Estatuto Tributario.

Según los demandantes, el exceso de potestad reglamentaria se contrae a que la pérdida o improcedencia del beneficio de progresividad y la prohibición de conservarlo constituyen sanciones que la Ley 1429 de 2010 no previó y que tampoco se ajustan a los fines de la misma.

Los demandados, por su parte, aducen que las normas demandadas se limitaron a desarollar la ley mencionada y corresponden con los objetivos legislativos que la motivaron.

La Sala anticipa que la legalidad de las normas demandadas, por cargos de nulidad esencialmente similares a los formulados en el presente medio de control, fue examinada en la sentencia del 8 de agosto de 2019, Exp. acumulado 19716[18], por lo que la presente decisión se orientará bajo el criterio expuesto en dicha providencia.

El numeral 11 del artículo 189 de la CP confirió potestad reglamentaria al Presidente de la República, al disponer sus funciones como suprema autoridad administrativa[19], mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes.

En el contexto del principio de legalidad con primacía constitucional, los reglamentos constituyen normas jurídicas acatables dentro de un orden jerárquico que comienza con la Constitución, como fuente suprema en la que se funda el orden jurídico del Estado, y continúa con la ley, contentiva de regulaciones generales limitadas por la propia Constitución. Así, cada disposición ejecutiva debe atender el rango normativo inmediatamente superior, con el fin último de dar coherencia y armonía al orden jurídico legal y constitucionalmente establecido[20].

La jurisprudencia ha señalado que los reglamentos desarrollan los principios generales sentados por la ley[21], de modo que ésta determina el alcance del poder de reglamentación[22], pues, como norma originaria por excelencia que proviene del órgano de representación popular encargado de expresar la voluntad general, la ley dispone desde sí misma y los reglamentos están llamados a asegurarle aplicación, sin mutarla, ampliarla, modificarla, sustituirla o restringirle contenido.

De contera, el ejecutivo no puede realizar regulaciones autónomas e independientes por potestad reglamentaria, sino, se insiste, siempre con base en la ley y en ejecución de la misma[23].

El caso concreto

Los Decretos 4910 de 2011 y 0489 de 2013 reglamentaron parcialmente la Ley 1429 de 2010, en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la CP y los artículos 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 42, 48, 49, 50 (parágrafo 4º) y 51 a 59 de la misma ley.

En orden a verificar si el inciso segundo del artículo 9[24] del primero de dichos decretos y el artículo 11 del segundo de ellos, excedieron la potestad reglamentaria respecto de las normas de la Ley 1429 de 2010 que los demandantes invocan como violadas, se presenta el siguiente cotejo normativo:

LEY 1429 DE 2010

“Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”

DECRETO 04910 DE 2011

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 y el artículo 616-1 del Estatuto Tributario”

Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: (…)

ARTÍCULO 5o. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA.<El beneficio de progresividad de que trata este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 65> Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados a continuación:

(…)

ARTÍCULO 7o. PROGRESIVIDAD EN LA MATRÍCULA MERCANTIL Y SU RENOVACIÓN.<El beneficio de progresividad de que trata este artículo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 65> Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: (…)

ARTÍCULO 8o. Los beneficios establecidos en los artículos 4o, 5o y 7o de la presente ley se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas empresas beneficiarias, en materia de presentación de declaraciones tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus obligaciones comerciales relacionadas con el registro mercantil.

ARTÍCULO 48.PROHIBICIÓN PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE ESTA LEY. No podrán acceder a los beneficios contemplados en los artículos 4o, 5o y 7o de esta ley las pequeñas empresas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su unidad de explotación económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Las pequeñas empresas que se hayan acogido al beneficio y permanezcan inactivas serán reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para los fines pertinentes.

PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le hará especial seguimiento al mandato contemplado en el presente artículo.

ARTÍCULO 9. Pérdida o improcedencia del beneficio de la progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios. para efectos de la procedencia del beneficio de que trata el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, las pequeñas empresas beneficiarias deberán mantener en el respectivo año gravable y hasta el 31 de diciembre inclusive, las condiciones relativas al número de trabajadores y al monto de los activos totales a que se refiere el numeral 1° del artículo 2° de la citada Ley. En caso de incumplir alguna de las condiciones señaladas, el beneficio se torna improcedente a partir del año gravable en que esto ocurra.

Tampoco procederá el beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios, cuando se incumpla con la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, cuando no se paguen en su oportunidad legal los aportes a salud y demás contribuciones de nómina, o cuando no se cumpla con el deber legal de presentar las declaraciones tributarias de orden nacional y territorial y de realizar los pagos de los valores a cargo en ellas determinados, auto liquidados o liquidados por la Administración, dentro de los plazos señalados para el efecto.

DECRETO 0489 DE 2013

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010”

ARTÍCULO 11. CONSERVACIÓN DE LOS BENEFICIOS. <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.41.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1074 de 2015> De conformidad con lo establecido en el artículo 8o de la Ley 1429 de 2010, los beneficios de que tratan los artículos 5o y 7o de la Ley 1429 de 2010 no podrán conservarse en el evento de incumplimiento de la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, el impago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones de nómina y el incumplimiento de las obligaciones en materia de impuesto de renta. Este último evento se configurará a partir del incumplimiento en la presentación de las declaraciones tributarias y de los pagos de los valores en ellas determinados, cuando los mismos no se efectúen dentro de los términos legales señalados para el efecto por el Gobierno Nacional. Tratándose de otras declaraciones tributarias, será a partir del incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

Las normas de la Ley 1429 de 2010, transcritas en la primera columna del cuadro anterior, establecieron el beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y en el pago de aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina, para las “pequeñas empresas” que, en términos de la misma ley, son aquellas cuyo personal no supera los 50 trabajadores y cuyos activos totales no sobrepasan los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, independientemente de que se constituyan a partir de la expedición de la Ley o que sean empresas preexistentes que optaren por regularizarse (art. 2 ib.).

Tal beneficio fue dispuesto con carácter temporal para la etapa inicial de la creación de empresas, en aras de que la actividad de las mismas se formalizara y generara empleo (art. 1º ejusdem) a través de estímulos fiscales que disminuían las cargas económicas y mejoraban las condiciones de competitividad de los pequeños empresarios que operaban en la informalidad[25] por falta de capacidad económica para asumir los costos del funcionamiento empresarial legal.

De esos propósitos y alcance dan cuenta los antecedentes de la Ley 1429 de 2010, correspondientes al Proyecto 057 de 2010 presentado por representantes del gobierno ante la Cámara de Representantes[26], en cuya exposición de motivos se advierte el claro propósito de «romper el cuello de botella de la informalidad empresarial y laboral en Colombia, por ser una de las problemáticas que más afectan la productividad y el desarrollo del sector privado, uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y el aumento efectivo del bienestar de muchos hogares colombianos, una forma de competencia desleal generada por la evasión de obligaciones tributarias, laborales y regulatorias que afecta la competitividad de los precios de las empresas formales y desincentiva su crecimiento, inversión e innovación, y una práctica que reduce el recaudo fiscal e impulsa el alza de tarifas impositivas para los formales.

El enfoque de la propuesta era el de facilitar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas para que, así, se formalizaran y generaran empleos productivos. La productividad es el factor clave del que depende en el largo plazo la calidad de vida de la población. (…) muchos agentes económicos escogen su nivel óptimo de adherencia con los mandatos del Estado, dependiendo del valor que asignen a los beneficios netos relacionados con la formalidad y la capacidad de fiscalización del Estado. (…)»

Por su parte, el título II del proyecto se refirió a los “incentivos para el empleo formal”, a través de un conjunto de medidas enfocadas a disminuir los altos costos laborales no salariales y a facilitar la contratación formal de la población joven, y el título IV, a los “Mecanismos de control y sanciones para quienes pretendieran beneficiarse indebidamente de la ley”, destacando la «fundamental importancia de generar un mecanismo de control que impidiera que las compañías establecidas y consolidadas se beneficiaran indebidamente de los beneficios establecidos en el proyecto de ley

En ese sentido, el proyecto previó “Sanciones al ejercicio del comercio sin registro mercantil” y señaló que la informalidad se vinculaba a la eficiencia en los niveles de control al cumplimiento, que eran insuficientes las regulaciones comerciales flexibles o rígidas si el Estado no tenía la capacidad de hacerlas efectivas y que esa incapacidad, a su vez, conllevaba la permanencia en la informalidad, porque podían evadirse las contribuciones reglamentarias al sistema tributario, laboral y/o comercial, de modo que «los artículos 27 y 28 buscaron fortalecer e implementar de manera más rigurosa el sistema de inspección, vigilancia y control del cumplimiento a las obligaciones mercantiles, aumentando los costos de ser informal, y al mismo tiempo, ofreciendo alternativas remediales que le permitan a las empresas disminuir el riesgo de reincidencia en el incumplimiento de la reglamentación comercial».

Igualmente, dicho proyecto a los “Requisitos para la aplicabilidad de las deducciones y descuentos tributarios”, anotando que “la formalización implica el cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales y comerciales establecidas en la Ley, siendo de fundamental importancia crear mecanismos de control efectivos que les faciliten a las autoridades estatales verificar dicho cumplimiento. (…)”

De la misma manera, los textos de la ponencia para primero y segundo debate[27] del referido Proyecto de Ley 057 de 2010 Cámara, 187 de 2010 Senado, posteriormente acumulado con varias iniciativas de origen parlamentario, recalcaron que su propósito era formalizar las pequeñas empresas a través de la progresividad en el pago del impuesto a la renta, de los aportes parafiscales y del registro mercantil, con el fin de fortalecerlas, facilitar el crecimiento de las mismas a nivel nacional y generar empleos productivos[28].

Así pues, el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, pero vigente para el momento en que los accionantes demandaron la nulidad de las normas acusadas, surgió en el contexto del espíritu legislativo que orientó al Proyecto de Ley mencionado.

Dicha norma estableció el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta para las pequeñas empresas que iniciaran su actividad económica una vez promulgada la Ley 1429, previendo determinados parámetros tarifarios sujetos a los años de funcionamiento del contribuyente.

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 1429 de 2010, que tampoco se encuentra vigente en la actualidad en virtud del parágrafo 1º del artículo 65 ib.[29], extendió la progresividad al pago de los aportes parafiscales del 9% que debe asumir el pequeño empresario (2% al SENA, 3% al ICBF y 4% a las cajas de compensación familiar) y de los aportes en salud a la subcuenta de solidaridad del fosyga, concibiendo el aumento gradual de los beneficios correspondientes a los mismos hasta llegar al disfrute de todos los servicios equivalentes al 100% de dichos aportes.

La matrícula mercantil y su renovación también fueron objeto del beneficio de progresividad, por disposición del artículo 7 ejusdem, con el mismo límite temporal que fijó el parágrafo 1º del artículo 65 de la Ley 1429 de 2010[30]. Lo anterior, para atemperar el costo de la formalización al que se somete la creación de la persona jurídica y la inscripción de la persona natural como comerciante, actos que, a su vez, traen consigo las obligaciones de registrar los libros de comercio y los demás actos que exigen las normas comerciales, y la ampliación del ejercicio del control estatal.

En el marco de las anteriores precisiones, la mencionada sentencia del 8 de agosto de 2019, Exp. Acumulado 19716, concluyó la legalidad del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, porque se limitó a disponer explícitamente el efecto jurídico de la ausencia de los requisitos legales que harían procedente la progresividad (que como beneficio, es de carácter restrictivo e interpretación restringida), sin alcance de sanción tributaria. Y advirtió que la inexistencia de tipología sancionatoria en el artículo 9 ib. desestima la violación de los principios de legalidad de las sanciones y de los de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de las mismas.

Asimismo y de acuerdo con la sentencia del 6 de diciembre de 2017, Exp. acumulado 19359, reiteró que dicha norma reglamentaria reflejaba lo establecido en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010, pero con palabras más específicas, y ordenaba requisitos exigidos por el propio legislador y mantenía elementos especiales para las pequeñas empresas favorecidas por el beneficio tributario.

En la mencionada sentencia del 8 de agosto de 2019, la Sección precisó:

«Si bien el legislador del 2010 quiso otorgar un tratamiento preferencial a las pequeñas empresas para fortalecerlas en la etapa inicial de funcionamiento e incentivar su formalización y la generación de empleo en condiciones legales, el artículo 8 de la Ley 1429 dejó en claro que continuaban sujetas a la obligación de presentar declaraciones tributarias, sí como el cumplimiento de las obligaciones laborales y comerciales atinentes al registro mercantil.

El artículo 9 de la Ley 1429 de 2010 incentivó la oferta laboral en sectores que consideró vulnerables para acceder a trabajos formales[31], concediéndoles un descuento sobre el impuesto de renta, aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina, dirigido a minimizar los costos asociados a las vinculaciones laborales por contrato de trabajo de personas menores de 28 años en cargos nuevos no resultantes de fusión empresarial, ni que preexistieren a la contratación de dichas personas.

Finalmente, el artículo 48 de la misma ley pretendió evitar que empresas resultantes de escisión o cuyos activos, nómina u objeto social fueren los de una empresa liquidada con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, pudieran acceder al beneficio de progresividad.

Los antecedentes de ley explícitamente concibieron esta norma como un mecanismo de control para garantizar que las micro y pequeñas empresas reciban un trato preferencial que compense las situaciones desfavorables por las que puedan atravesar y que les garantice condiciones de igualdad real frente a las empresas ya consolidadas.

Ahora bien, el artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 se ocupó de establecer las siguientes causales de improcedencia para el beneficio previsto en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, exigiendo que las pequeñas empresas beneficiarias mantuvieran las condiciones que legalmente las caracterizan como tales[32], durante todo el año gravable en el que se aplicara la tarifa progresiva en renta, a saber:

(…) la sentencia del 6 de diciembre de 2017, Exp. 19359, anotó que el artículo 9 ib. reflejaba lo establecido en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010, pero con palabras más específicas, como también que ordenaba requisitos exigidos por el propio legislador y mantenía elementos especiales para las pequeñas empresas favorecidas por el beneficio tributario, sin vulnerar los principios de buena fe, equidad, eficiencia y progresividad.

En ese contexto, las causales reglamentarias de improcedencia atinentes a la «no renovación de matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año» y «el no pago oportuno de aportes a salud y demás contribuciones de nómina», tienen relación directa e inescindible con el mandato impuesto por el artículo 8 de la Ley 1429 de 2010, respecto del cumplimiento de las obligaciones comerciales relacionadas con el registro mercantil y de las laborales a cargo de los beneficiarios.

Ese cumplimiento involucra el factor de oportunidad establecido por las normas especiales en materia comercial (para efecto de la renovación de la matrícula mercantil[35]), laboral y de seguridad social (para aportes en salud), y tributaria (para las demás contribuciones de nómina).

A su turno, la causal de improcedencia relacionada con el “cumplimiento de las condiciones establecidas por el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1429 de 2010” garantiza la efectividad de ese precepto legal, al igual que el presupuesto de «existencia de pequeñas empresas» establecido en el inciso primero del artículo 4 de la Ley 1429 de 2010.

Como se observa, los supuestos de hecho previstos en el artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, son simplemente los efectos de la inexistencia de los presupuestos indicados en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 y ante cuya ocurrencia no podría surgir el derecho al beneficio de progresividad, de modo que aunque el reglamento no hubiera dispuesto expresamente tales efectos, éstos sucederían de manera automática cuando no se cumplieran los presupuestos mencionados».

Adicionalmente y conforme con la sentencia transcrita que se reitera, la interpretación restrictiva de los beneficios fiscales impone a quien pretende ejercerlos la carga de demostrar los requisitos y condiciones previstos para acceder a los mismos, pues el reconocimiento de las circunstancias que excluyen o aminoran la obligación tributaria deben ser demostradas por el obligado tributario en la forma y dentro de las oportunidades procesales que establece el ordenamiento fiscal[36], lo cual implica que ni la ley ni el reglamento podrían dejar sin efecto las obligaciones de quien pretende acceder a los beneficios fiscales que exceptúan la regla general de tributación, a riesgo de afectar el erario público y los fines estatales a los cuales se destina.

Más allá de lo anterior, las causales de improcedencia establecidas por el artículo 9 ib. se relacionan con la parte sustantiva de los requisitos reglamentarios previstos en el artículo 6 del Decreto 4910 de 2011 para las pequeñas empresas preexistentes, cuya legalidad también fue ratificada por la reiterada sentencia del 8 de agosto de 2019[37].

En cuanto al artículo 11 del Decreto 0489 de 2013, dicha providencia lo estimó igualmente ajustado a derecho, por tener efectos esencialmente idénticos a las causales de improcedencia del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, que permitían extenderle las mismas las razones de legalidad expuestas respecto de dicha norma.

En ese sentido, la Sala precisó:

«El Decreto 0489 de 2013 también reglamentó la Ley 1429 de 2010. Según su parte considerativa, la nueva reglamentación buscó lograr los objetivos por los cuales se otorgaron los beneficios otorgados por la Ley 1429 de 2010, precisar las condiciones y requisitos que condicionan la procedencia de los mismos y verificar su cumplimiento por parte de los empresarios que solicitan el beneficio, para así garantizar la formalización de las pequeñas empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo.

El artículo 11 de dicho decreto precisó que el beneficio de progresividad previsto en los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010 no podía conservarse cuando: i) la matrícula mercantil no se renueva dentro de los tres primeros meses del año, ii) los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones de nómina no se paguen, iii) las obligaciones en materia de impuesto de renta, comenzando por la presentación de las declaraciones tributarias, no se cumplan y, iv) los valores en ellas liquidados no se paguen dentro de los términos legales establecidos al efecto por el Gobierno Nacional.

La conservación de beneficios que establece el citado artículo 11 ib., fue dispuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1429 de 2010 que, propugnando por el cometido de control fiscal, señaló que el beneficio de progresividad para el pago del impuesto sobre la renta, de aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina, así como para la matrícula mercantil y su renovación, no exime el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las pequeñas empresas en materia de presentación de declaraciones tributarias, ni el cumplimiento de obligaciones laborales y comerciales relacionadas con el registro mercantil.

Se observa igualmente que los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010 señalaron los parámetros porcentuales para aplicar las diferentes tarifas progresivas en el pago de aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina y en la matrícula mercantil y su renovación, sin más condiciones que las que se deducen del tenor literal de tales normas y que coinciden con los presupuestos legales previstos en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, sobre la existencia de pequeñas empresas que inician su actividad económica principal a partir de la promulgación de dicha ley.

En consecuencia, el artículo 11 del Decreto 0489 de 2013 tampoco adolece de vicio de invalidez, pues el efecto negativo que establece (la no conservación de los beneficios) no tiene alcance distinto al de explicitar la consecuencia natural y subsiguiente al incumplimiento de los presupuestos y condiciones previstos en los artículos 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010 para poder acceder al beneficio, lo que pareja la ausencia de exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.

Se trata de una norma con efectos esencialmente idénticos a los de las causales de improcedencia dispuestas en el artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, de modo que las consideraciones hechas frente a la legalidad de aquel se hacen extensivas al artículo 11 que ahora se examina».

Asi pues, la sentencia del 8 de agosto de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el expediente acumulado 19716, que se encuentra ejecutoriada, tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes sobre la causa petendi juzgada en la acción pública que originó el presente proceso de nulidad, con efectos absolutos y oponibles a todos[38] en los términos del artículo 175 del CCA[39], pues negó la nulidad de las normas acusadas en el presente proceso frente a las mismas razones y fundamentos de derecho que sustentaron los cargos formulados por los aquí demandantes.

De conformidad con lo anterior, se declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de las normas acusadas y, en consecuencia, se estará a lo resuelto en la sentencia del 8 de agosto de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el expediente acumulado 19716.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la solicitud de nulidad de los artículos 9 [inc. 2] del Decreto 4910 de 2011 y 11 del Decreto 0489 de 2013 y, en consecuencia, ESTAR A LO RESUELTO en la sentencia del 8 de agosto de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el expediente acumulado 19716.

2. No se condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZSTELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Presidente de la Sección

Ausente con permiso

MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

[1] La demanda de Francisco Javier Afanador Quiñonez fue admitida por la Sección Primera de esta Corporación y posteriormente enviada a la Sección Cuarta para decidir sobre la acumulación solicitada por el apoderado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (fls. 17 a 19, 57 a 63, 80 y 118, c. p. exp. 2014-00333-00)

[2] 2014-00333-00 (c. p., fls. 1 a 7) y 2014-00149-00 (c. p., fls. 1 a 17)

[3] Esta providencia decretó la acumulación del proceso 2014-00333-00 al 2014-00149-00 (fls. 94 a 95 del presente cuaderno)

[4] Exp. 2014-00149-00, fl. 16 c. p., 1 a 4, c. 2; Exp.2014-00333-00, fls. 4 a 6.

[5] Exp. 2014-00333, Fls. 75 a 82.

[6] Autos del 28 de agosto de 2014, exp. 2014-00003-00 (20731), C. P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 17 de abril de 2017, exp. 2013-00036-00 (20728), C. P. Dra Stella Jeannette Carvajal Basto.

[7] Vinculado como demandado en el proceso 2014-00149-00 (fls. 21, 35 a 41)

[8] Vinculado como demandado en los dos procesos acumulados (exp. 2014-00333-00, fls. 57 a 63, 76 a 81, exp. 2014-00149-00, exp. 21, 42 a 47)

[9] Vinculado como demandado en los dos procesos acumulados (exp. 2014-00333-00, fls. 57 a 63, 87 a 90, exp. 2014-00149-00, exp. 21, 62 a 67)

[10] Vinculado como demandado en los dos procesos acumulados (exp. 2014-00333-00, fls. 94 a 99, exp. 2014-00149-00, fls. 72 a 47)

[11] Vinculado como demandado en los dos procesos acumulados (exp. 2014-00333-00, fls. 48 a 54, exp. 2014-00149-00, fls. 78 a 83)

[12] Fls. 94 a 95, c. p. exp. 2014-00149-00.

[13] Fls. 146-150 exp. 2014-00149-00

[14] Fls. 158 a 162 c. p. exp. 2014-00149-00

[15] Fls. 165 a 167, c. p. exp. 2014-00149-00

[16] Fls. 168 a 179, c. p. exp. 2014-00149-00

[17] Fls. 163 a 154, c.1. exp. 2014-00149-00

[18] C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

[19] Sección Cuarta, sentencia del 15 de junio de 2017, exp. 20067, C. P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.

[20] Según la teoría de la formación del Derecho, el conjunto de normas que conforman el sistema jurídico de un país es de tipo jerárquico y en él unas normas dependen de otras, según su importancia (KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, 16ª edición, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1979, págs. 135 y sgts.)

[21] Consejo de Estado, sentencia del 23 de noviembre de 1984, exp. 4429.

[22] Sobre el particular, RODRÍGUEZ R., Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, octava edición, editorial Temis S. A., Bogotá, 1995, P. 286 En términos del tratadista Jaime Vidal Perdomo, la extensión de la potestad reglamentaria es inversamente proporcional a la extensión de la Ley.

[23] SIERRA PORTO, Humberto A. Concepto y Tipos de Ley en la Constitución Colombiana. Primera reimpresión, 2001. Universidad Externado de Colombia. P. 163.

[24] Medante sentencia del 6 de diciembre de 2017, proferida en el expediente 19359, C. P. Dr. Milton Chavez García, la Sala anuló la expresión “sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7 del presente decreto”, contenida en el inciso primero de dicho artículo.

[25] El artículo 2 de la Ley 1429 de 2010 distingue dos tipos de informalidad de empleo: a) Por subsistencia, caracterizada por el ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital y, b) Con capacidad de acumulación, como manifestación de trabajo informal que no necesariamente representa baja productividad.

[26] Gaceta 532 del 23 de agosto de 2010.

[27] Gacetas 932 del 19 de noviembre de 2010 y 1049 del 7 de diciembre de 2010.

[28] Las medidas se concentran en ese tipo de empresas porque, además de que un 67% del empleo dependiente o asalariado lo generan las microempresas, en ellas se concentran los mayores índices de informalidad laboral y empresarial. La informalidad empresarial es del 36% en las empresas con 10 o menos empleados y del 7% en las empresas con más de 10 empleados. Por su parte, la informalidad laboral por el no pago a seguridad social de los trabajadores es marcadamente mayor en las microempresas (73%).

[29] Previó la vigencia del artículo 5 de la Ley 1429 de 2010, solo hasta el 31 de diciembre de 2014.

[30] PARÁGRAFO 1o. Los beneficios de progresividad de que tratan el artículo 5 y 7 de la presente ley tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año dos mil catorce (2014).

[31] Personas menores de 28 años, personas desplazadas, reintegradas o discapacitadas, mujeres cabeza de familia o mayores de 40 años y personas que devengaban menos de 1,5 salarios mínimos.

[32] Número de trabajadores y monto de activos totales a que se refiere el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1429 de 2010.

[33] Art. 9 demandado, inciso primero.

[34] Esta y las siguientes causales se indican en el inciso segundo del artículo 9 demandado.

[35] C. de Co., art. 33 y Decreto 668 de 1989.

[36] Así por ejemplo, el art. 788 del ET ordena a los contribuyentes demostrar las circunstancias que los hacen acreedores de exenciones tributarias -tipo de beneficio fiscal-, cuando la naturaleza del ingreso o del activo no es suficiente para gozar de las mismas.

[37] Esta sentencia declaró legal el artículo 6 [1-, b), 3] del Decreto 4910 de 2011, en el entendido de que la certificación sobre número de trabajadores con relación laboral al momento de iniciar la actividad económica principal corresponde simplemente a una manifestación, sin que al efecto se requiera tener personal vinculado mediante contrato de trabajo, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; y, en todo lo demás, estimó que no desbordaba la facultad reglamentaria respecto de la regulación de la Ley 1429 de 2010 sobre el beneficio de progresividad y que, por tanto, se ajustaba a derecho.

[38] BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, 2013, Página 579.

[39] “ARTÍCULO 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada. (…)”.