200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038301CC-SENTENCIAC442C201925/09/2019CC-SENTENCIA_C_442_C_2019_25/09/2019300383052019LA NO CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS OTORGADOS POR UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, PERO NO VALIDADOS POR LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL PAÍS DE ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN (NO OFICIALES O PROPIOS), CONSTITUYE UNA MEDIDA VÁLIDA CONSTITUCIONALMENTE PARA PROPENDER POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CONSTITUCIONALIDAD25/09/2019Diana Fajardo RiveraLEY 1753 DE 2015D-12613Identificadores20030203231true1312277original30177944Identificadores

Fecha Providencia

25/09/2019

Fecha de notificación

25/09/2019

Magistrado ponente:  Diana Fajardo Rivera

Norma demandada:  LEY 1753 DE 2015


LA NO CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS OTORGADOS POR UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, PERO NO VALIDADOS POR LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL PAÍS DE ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN (NO OFICIALES O PROPIOS), CONSTITUYE UNA MEDIDA VÁLIDA CONSTITUCIONALMENTE PARA PROPENDER POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

2. Norma acusada

LEY 1753 DE 2015

(junio 9)

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país

TÍTULO III

MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

(III)

CAPÍTULO II

MOVILIDAD SOCIAL

[…]

ARTÍCULO 62. CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. El Ministerio de Educación Nacional establecerá, mediante un reglamento específico, el procedimiento de convalidación de títulos extranjeros de acuerdo con los criterios legalmente establecidos, y según los acuerdos internacionales que existan al respecto.

El Ministerio de Educación Nacional contará con dos (2) meses para resolver las solicitudes de convalidación de títulos, cuando la institución que otorgó el título que se somete a convalidación o el programa académico que conduce a la expedición del título a convalidar se encuentren acreditados, o cuenten con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de procedencia del título o a nivel internacional.

Las solicitudes de convalidación de los títulos universitarios oficiales, no incluidos en los supuestos del inciso anterior, se resolverán en un plazo máximo de cuatro (4) meses.

PARÁGRAFO 1o. Los títulos otorgados por instituciones de educación superior, pero no validados por las autoridades de educación oficiales del país de origen de la institución y denominados como universitarios no oficiales o propios, otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, no serán objeto de convalidación.

Sólo se convalidarán aquellos títulos universitarios no oficiales o propios, a los estudiantes que se encuentren matriculados en Programas de Educación Superior que conduzcan a la obtención de títulos universitarios no oficiales o propios, con anterioridad a la expedición de la presente ley, bajo el criterio exclusivo de evaluación académica.

PARÁGRAFO 2o. Las Instituciones Estatales no podrán financiar con recursos públicos, aquellos estudios de Educación Superior que conduzcan a la obtención de títulos universitarios no oficiales o propios.”

3. Decisión

Declarar la exequibilidad del parágrafo 1 del artículo 62 de Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 `Todos por un nuevo país´”, por los cargos analizados en esta providencia.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


4. Síntesis de la providencia

La Sala Plena analizó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Juan Carlos Ramírez Erazo contra el artículo 62, parágrafo 1º, de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ´Todos por un nuevo país´ fundada en la presunta violación de los derechos a escoger profesión u oficio y a la educación, y el desconocimiento de la obligación estatal de garantizar la continuidad en el acceso al conocimiento.

En el marco propuesto, el problema jurídico fue formulado en los siguientes términos: ¿la norma prevista en la disposición demanda, que niega la posibilidad de someter al trámite de convalidación los títulos extranjeros no oficiales o propios, esto es, que fija una restricción predicable de la idoneidad de títulos para ejercer profesión u oficio, desconoce, además de este derecho en los términos del artículo 26 de la Constitución Política, los artículos 67 y 70 de la misma Para su resolución, la Sala (i) contextualizó la disposición demandada e hizo un estudio de su vigencia; (ii) reiteró la jurisprudencia sobre el alcance de los derechos a escoger profesión u oficio, y educación, enfatizando en las disposiciones sobre el tema y en pronunciamientos judiciales que en constitucionalidad o tutela ha efectuado la Corte Constitucional sobre la convalidación de títulos académicos obtenidos en el exterior. A partir de las principales reglas extraídas del análisis anterior, (iii) concluyó que la medida legislativa demandada era exequible, acudiendo a la metodología del test integrado de proporcionalidad en una intensidad intermedia.

De manera relevante, en el primer apartado, se destacó que la prohibición cuestionada se inscribió, según las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en los pilares de “movilidad social” y “Colombia la más educada”, con el objeto de propender por la calidad de la educación. Además, se advirtió que el artículo 191 de la Ley 1955 de 2019, actual Ley del Plan Nacional de Desarrollo, no derogó el artículo 62 parcialmente demandado, pues, pese a que hace referencia a la reglamentación que debe expedir el Ministerio de Educación sobre el trámite de convalidaciones, no reguló aspectos concretos sobre títulos no oficiales o propios y, de manera expresa, el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 no incluyó el citado artículo 62 dentro de las normas de la Ley 1753 de 2015 que se expulsarían del ordenamiento.

En cuanto al fondo del asunto, se precisó que la norma buscaba una finalidad legítima, consistente en garantizar la calidad de la educación y, por supuesto, el ejercicio idóneo de la profesión u oficio, e importante, pues involucra valores constitucionales como la dignidad humana, la convivencia, el pluralismo y el acceso al conocimiento. Agregó que el medio escogido no era prohibido, y que, además, era adecuado y efectivamente conducente para obtener el fin propuesto, a partir de una decisión del Legislador de valorar la calificación que de manera oficial dan los países a los programas que ofrecen.