200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038167CC-SENTENCIAC396C201928/08/2019CC-SENTENCIA_C_396_C_2019_28/08/2019300381712019LA CORTE SE INHIBIÓ DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS DEMANDADAS, POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, TODA VEZ QUE AMBAS DISPOSICIONES FUERON DEROGADAS EN UN CASO, POR LA LEY 1943 DE 2018 Y EN EL OTRO, POR LA LEY 1955 DE 2019
CONSTITUCIONALIDAD28/08/2019Alejandro Linares CantilloLEY 1739 DE 2014 y LEY 1753 DE 2015D-11780Identificadores20030201522true1309927original30176404Identificadores

Fecha Providencia

28/08/2019

Fecha de notificación

28/08/2019

Magistrado ponente:  Alejandro Linares Cantillo

Norma demandada:  LEY 1739 DE 2014 y LEY 1753 DE 2015


LA CORTE SE INHIBIÓ DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS DEMANDADAS, POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, TODA VEZ QUE AMBAS DISPOSICIONES FUERON DEROGADAS EN UN CASO, POR LA LEY 1943 DE 2018 Y EN EL OTRO, POR LA LEY 1955 DE 2019

1. Norma demandada

LEY 1739 DE 2014

(Diciembre 23)

Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 4o. Adiciónese el artículo 295-2 al Estatuto Tributario el cual quedará así:

[… ]

PARÁGRAFO 4o. En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018, sea superior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cualquiera de dichos años será la menor entre la base gravable determinada en el año 2015 incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018, es inferior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cada uno de los años será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015 disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. […]”.

LEY 1753 DE 2015

(Junio 9)

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”

ARTÍCULO 261. DEPURACIÓN CONTABLE. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014. Depuración contable. La Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantará, en un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la presente ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad.

Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio depurando y castigando los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de la presente ley.

Para tal efecto la entidad depurará los valores contables, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:

a) Los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad.

b) Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible ejercerlos por jurisdicción coactiva.

c) Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no es posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de prescripción.

d) Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneo que permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago.

e) Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor por pérdida de los bienes o derechos.

f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate”.

2. Decisión

Primero. LEVANTAR la suspensión de términos en el expediente de la referencia, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 305 del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Segundo. Declararse INHIBIDA para pronunciarse, por sustracción de materia, sobre la constitucionalidad del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, y del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia

3.1. La demandante solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de lo dispuesto en el: (i) parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, por cuanto, dicha disposición vulnera los artículos 13, 95 y 363 constitucionales al disponer un tratamiento diferenciado para el cálculo de la base gravable del impuesto a la riqueza. En efecto, sostuvo que la norma estableció como parámetro de referencia, para los casos en los que se presentara aumento o disminución del monto de la base gravable, el valor calculado para el año 2015, desconociendo la verdadera capacidad contributiva del obligado a 1º de enero de los años subsiguientes; y (ii) artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, por extralimitación de funciones del legislativo al impartir normas de índole contable para el sector público, ya que con el mencionado artículo se estarían invadiendo las funciones asignadas constitucionalmente al Contador General de la Nación.

3.2. Respecto del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014, se verificó que el régimen del impuesto a la riqueza al que pertenecía fue objeto de derogatoria orgánica. En efecto, los artículos 35 a 41 de la Ley 1943 de 2018 reemplazaron la regulación tributaria que lo sustentaba y sustituyeron en el ordenamiento su concepto mismo por el nuevo régimen del impuesto al patrimonio, creado para los años 2019 a 2021. Adicionalmente, la Corte constató, de manera específica, la subrogación del parágrafo demandado por el parágrafo 2 del artículo 37 de la Ley 1943 de 2018, y el cumplimiento de la prescripción normativa del impuesto a la riqueza, situaciones que refuerzan la conclusión en torno a la sustracción del ordenamiento de las normas objeto de control. La Corte procedió entonces a analizar la capacidad del parágrafo 4 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 de producir efectos, frente a lo que concluyó que la norma no era susceptible de ser aplicada a una situación jurídica acaecida luego de su derogatoria. En efecto, su función y propósito normativo se agotaron con la selección de la base gravable del impuesto a la riqueza, aplicando eventualmente la banda de variación patrimonial que este establecía. Así, el hecho regulado por la norma demandada se concretó, a más tardar, el 23 de mayo de 2018 (última fecha en que correspondía declarar a los obligados), y ninguna situación posterior podría regirse por sus disposiciones, descartando con ello su capacidad de producir efectos ultra activos.

3.3. En el caso del artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, se constató su derogatoria expresa por virtud del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019. Esta segunda norma demandada tampoco se encontró susceptible de aplicación ultra activa, al desaparecer la posibilidad de la DIAN de intervenir en la depuración contable de las entidades. Sobre esto, resultaba evidente, más allá de la derogatoria, que la depuración contable debía realizarse “en un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia” del Plan de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, por lo que sus eventuales implicaciones habrían cesado máximo, para el nueve (9) de junio de dos mil diecinueve (2019), sin que fuera posible que una situación posterior a dicha fecha fuese regida por la disposición analizada.

3.4. Ante la verificación de la derogatoria y ausencia de efectos jurídicos de las normas demandadas, se concluyó que se produjo la sustracción de materia en el escenario del control abstracto de constitucionalidad. En consecuencia, la Corte Constitucional determinó inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo sobre el caso.

4. Salvamento de voto

Los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas a pesar de estar de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, aclararon su voto.

Para el Magistrado Lizarazo Ocampo, no obstante que la norma acusada había sio derogada, la Corte ha debido pronunciarse de fondo acerca de los cargos de inconstitucionalidad formulados, toda vez que dada la naturaleza de la disposición demandada y su vigencia transitoria, es posible que continúe produciendo efectos. Por su parte, el Magistrado Reyes Cuartas manifestó que acompañaba la ponencia teniendo en cuenta que, en la actualidad, las normas acusadas están derogadas bien sea por vía orgánica (primer cargo) o expresa (segundo cargo) y que, en efecto, hoy no producen efectos. Sin embargo, considero que la Sala Plena debió pronunciarse sobre el principio de la perpetuatio jurisdictionis en virtud del cual la Corte Constitucional conserva plena competencia para pronunciarse sobre normas cuya derogatoria se produce después de iniciado el proceso y antes de que se dicte el fallo, sin que pueda ser despojada de ella por ulterior derogatoria del legislador ordinario o extraordinario(Sentencias C-541 de 1993, C-1115 de 2001, C-333 de 2010, C-502 de 2012, C-580 de 2013, C-292 de 2015, C-743 de 2015, C-492 de 2015 y C-060 de 2018). Adicionalmente, considerando que la acción de inconstitucionalidad se presentó contra una disposición transitoria o aplicable en un término relativamente corto, la Sala Plena ha debido analizar su competencia para pronunciarse sobre el asunto, considerando (i) el principio de supremacía de la Constitución (art. 4 CP), el derecho fundamental de los ciudadanos a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución (art. 40.6 CP) y a acceder a la administración de justicia (art. 229 CP); y (iii) la posibilidad de que la disposición se reproduzca en otras normas de vigencia semejante en el futuro, lo cual impediría la existencia de la cosa juzgada constitucional (243 CP).