200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038164CC-SENTENCIAC393C201928/08/2019CC-SENTENCIA_C_393_C_2019_28/08/2019300381682019LA CORTE DETERMINÓ QUE LA INHABILIDAD ESTABLECIDA EN LA NORMA DEMANDADA PARA SER ELEGIDO PERSONERO MUNICIPAL PERSIGUE FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMAS E IMPORTANTES AL EVITAR UNA CONFUSIÓN ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA ELECCIÓN DE DICHO FUNCIONARIO
CONSTITUCIONALIDAD28/08/2019Carlos Bernal PulidoLEY 136 de 1994D-12313Identificadores20030201504true1309909original30176386Identificadores

Fecha Providencia

28/08/2019

Fecha de notificación

28/08/2019

Magistrado ponente:  Carlos Bernal Pulido

Norma demandada:  LEY 136 de 1994


LA CORTE DETERMINÓ QUE LA INHABILIDAD ESTABLECIDA EN LA NORMA DEMANDADA PARA SER ELEGIDO PERSONERO MUNICIPAL PERSIGUE FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMAS E IMPORTANTES AL EVITAR UNA CONFUSIÓN ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA ELECCIÓN DE DICHO FUNCIONARIO

1. Norma demandada

LEY 136 de 1994

(junio 2)

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

ARTÍCULO 174. INHABILIDADES. No podrá ser elegido personero quien:

(…).

g) Durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por sí o por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

2. Decisión

Primero. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo de inconstitucionalidad por violación del artículo 13 de la Constitución.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, el literal (g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos

Le correspondió a la Sala Plena determinar si el literal (g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 vulneraba el derecho de acceso a cargos públicos (art. 40 CP) y el principio de igualdad (art. 13 CP). El demandante argumentó que la inhabilidad consagrada en la disposición demandada genera una restricción del derecho de acceso al empleo y cargos públicos que carece de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad. Lo anterior, en la medida en que los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en la elección de los personeros municipales se encuentran garantizados por el concurso de méritos que debe preceder su selección de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. Por otro lado, sostuvo que vulnera el principio de igualdad porque establece una diferencia de trato para acceder al cargo público de personero municipal, que carece de justificación constitucional.

En primer lugar, a título preliminar, la Corte constató que el literal (g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 se encontraba vigente. En particular, advirtió que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que establece que el personero municipal se elegirá previo concurso de méritos, no derogó tácitamente la norma acusada pues: (i) no regula la misma materia y (ii) no es incompatible con la inhabilidad dispuesta en la disposición demandada.

En segundo lugar, la Corte concluyó que el cargo de inconstitucionalidad por vulneración al principio de igualdad carece de aptitud sustancial. El demandante no cumplió con las exigencias argumentativas requeridas por la jurisprudencia constitucional porque: (i) no determinó de manera clara el criterio de comparación; (ii) no expuso las razones que le permiten concluir que los supuestos sujetos comparables se encuentren en una misma posición jurídica y, por tanto, deben estar cobijados por las mismas causales de inhabilidad; y (iii) no definió con precisión si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe, en efecto, un tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles, respecto del régimen de inhabilidades aplicable.

Finalmente, al efectuar el control material de la disposición demandada, la Corte aplicó un test intermedio de razonabilidad y proporcionalidad. Concluyó que la inhabilidad prevista en la norma es una medida razonable en tanto persigue finalidades constitucionalmente legítimas e importantes al (i) evitar una confusión entre intereses públicos y privados y (ii) salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades en la elección del personero municipal. En segundo lugar, encontró que se trata de una medida proporcional porque resulta adecuada y necesaria para alcanzar las mencionadas finalidades constitucionales.

4. Salvamento de voto

El magistrado Antonio José Lizarazo manifestó su salvamento de voto en relación con la declaración de exequibilidad de la inhabilidad establecida por el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 para ser elegido personero municipal, por el hecho de haber celebrado durante el año anterior a su elección, contratos con entidades públicas de cualquier naturaleza, por sí o interpuesta persona en favor propio o de terceros, o contratos con entidades públicas del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deban ejecutarse en el respectivo municipio. En su concepto, esta inhabilidad configura una limitación del derecho de acceso a cargos públicos que carece de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

En primer lugar, observó que por la naturaleza de las funciones que les competen a los personeros, como integrantes del Ministerio Público (art. 118 C.P.) centradas en la promoción y defensa de los derechos constitucionales, la vigilancia de la gestión administrativa del municipio y la intervención y vigilancia de los procesos judiciales, no plantea una ventaja para quien aspira a ser elegido personero municipal, como sí puede serlo para quien busca ser elegido alcalde municipal. El ámbito de actuación de un personero es autónomo de la órbita de las funciones administrativas de las autoridades y órganos municipales, por lo que el haber celebrado contratos con entidades municipales o que se deban ejecutarse en el municipio no representa una ventaja adicional para el candidato a ser elegido como personero.

A lo anterior, se agrega que la escogencia del personero no se hace por elección popular, sino por el nuevo concejo municipal, recién elegido, mediante una convocatoria abierta en que se enfrentan candidatos en condiciones de igualdad, lo que desliga al candidato de la administración con la cual hubiera contratado anteriormente, de modo que no se afecta su imparcialidad para ejercer las funciones de control que le corresponde. Por tales motivos, si bien la medida puede estar encaminada a una finalidad constitucionalmente legítima, como es la de separar intereses particulares de los intereses generales, resulta innecesaria y desproporcionada para conseguir dicha finalidad. En consecuencia, la norma demandada ha debido ser declarada inexequible.

Aclaración de voto

Los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto sobre algunas de las consideraciones de la motivación de esta sentencia.