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Sentencias de NulidadOswaldo Giraldo LópezMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otroRolando Albeiro Castaño Vergarafalse31/10/2018Decreto 1076 de 2015Identificadores10030178273true1278579original30156721Identificadores

Fecha Providencia

31/10/2018

Fecha de notificación

31/10/2018

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Oswaldo Giraldo López

Norma demandada:  Decreto 1076 de 2015

Demandante:  Rolando Albeiro Castaño Vergara

Demandado:  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., 31 octubre 2018

Expediente: 11001 03 24 000 2016 00394 00

Demandante: Rolando Albeiro Castaño Vergara

Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro

Referencia: No es procedente suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo por medio del cual se reglamenta las actividades que requieren licencia ambiental para su funcionamiento en lo que respecta al establecimiento de zoocriaderos, cuando impliquen el manejo de las especies listadas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

  1. Atendiendo lo previsto en el proveído del 30 de julio de 2018, mediante el cual el Consejero Hernando Sánchez Sánchez remitió el presente proceso a este Despacho en cumplimiento de la medida de compensación ordenada por el Acuerdo 094 del 16 de mayo del año en curso proferido por la Sala Plena de esta Corporación, se AVOCA el conocimiento del presente asunto.

  1. La solicitud de suspensión provisional

  1. El señor Rolando Albeiro Castaño Vergara, obrando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad, solicitó la suspensión provisional de los artículos 8 (numeral 16) y 52 (parágrafo tercero) del Decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector ambiente No. 1076 de 2015, artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.11.1, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

  1. Los actos demandados son del siguiente tenor:

Decreto 1076 de 2015:

“Artículo 2.2.2.3.2.2. Competencia de la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA).La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

(…)

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. Así como el establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición.El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:

(…)

PARÁGRAFO 3o. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de zoocria que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los expedientes contentivos de los mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en el estado en que se encuentre”.

2.3. La parte demandante sostuvo que los actos administrativos demandados violaban los artículos 189 (numeral 11) de la Constitución Política y 16 del Decreto Ley 3570 de 2011, que son del siguiente tenor:

Constitución Política

“Artículo 189.Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(…)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

Artículo 16. Funciones de la dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Son funciones de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos:

(…)

13. Ejercer la autoridad administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Cites, en Colombia y expedir los certificados Cites”.

  1. En cuanto a los fundamentos de la solicitud de suspensión provisional se advierten los siguientes:

2.3.1. Alegó que los artículos demandados fueron expedidos con falta de competencia e infracción de las normas en que debía fundarse, toda vez que a través de ellos se procedió a ampliar los contenidos de la norma superior, esto es, no se limitó a desarrollarlos, sino que creó otros para lo cual no tenía competencia. Explicó su afirmación aduciendo que el Decreto 2041 de 2014 no tuvo en cuenta las funciones y competencias que la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 3570 de 2011 le atribuyó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo relacionado con la Convención CITES.

2.3.2. Así, aseveró que no existía fundamento alguno para que en los artículos demandados se asignara a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- las funciones de autoridad administrativa de CITES de Colombia, en especial teniendo en cuenta que se trata de una competencia que le corresponde al legislador ordinario o extraordinario, es decir que debía ser objeto de una Ley o Decreto Ley y no de un Decreto Reglamentario.

III. Traslado de la solicitud a las autoridades demandadas

3.1. Durante el término de traslado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible guardó silencio.

  1. Caso concreto

4.1. Ahora bien, esta Sección ha sostenido en cuanto a los requisitos para decretar la medida cautelar, lo siguiente:

“A voces del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.» (Negrillas fuera del texto).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados”.

4.2. De la solicitud de suspensión provisional, visible en el cuaderno de medidas cautelares, se encuentra acreditado que mediante Decreto 2041 de 2014, compilado por el Decreto 1076 de 2015, se consagró como competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) el otorgamiento de la licencia ambiental para los proyectos, obras o actividades que involucren el establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). De igual forma, el régimen de transición consagró la necesidad de remitir estos procesos a dicha autoridad ambiental.

4.3. Ahora bien, entra la Sala a determinar si es procedente decretar la suspensión provisional del acto administrativo por medio del cual se reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

4.3.1. De la lectura en esta instancia de los actos acusados no se desprende que la ANLA esté asumiendo la calidad de autoridad administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), establecida en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues lo que prevé la norma acusada es que los proyectos, obras o actividades orientados al establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de especies listadas en los Apéndices de la mencionada Convención requieren obtener licencia ambiental ante la ANLA.. Así, por lo menos en esta instancia no se deriva con claridad que sea esta autoridad y no el Ministerio quien ejerza como autoridad administrativa en todo lo relativo a la citada Convención, máxime si la facultad de otorgar, negar, revocar y/o suspender los permisos y certificaciones CITES, así como la representación del país ante la Convención se encuentran en la actualidad en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4.3.2. Bajo tales premisas, y de los elementos con los que se cuenta en este momento, lo que se puede evidenciar es que la referencia que se hace a la Convención CITES, se efectúa para indicar que no todo establecimiento de zoocriaderos requerirá adelantar el trámite de licenciamiento ambiental sino sólo aquellos que incluyan las especies listadas en los apéndices de dicha convención.

4.3.3. De lo anterior se puede concluir, entonces, que del análisis que se realiza en este estado del proceso no se desprende que el acto acusado haya otorgado a la ANLA la calidad de autoridad administrativa de la Convención CITES en contravía del Decreto Ley 3570 de 2011 y la Constitución Política.

Resulta entonces claro para el Despacho que en principio la vulneración que aduce el actor no puede ser advertida en este momento a través del mecanismo que prevé el artículo 231 del C.P.A.C.A., razón por la cual se negará la solicitud de suspensión provisional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la suspensión provisional de los artículos 8 (numeral 16) y 52 (parágrafo tercero) del Decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector ambiente No. 1076 de 2015, artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.11.1, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con lo enunciado en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado