100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034541AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-27-000-2014-00149-0021464201813/02/2018AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-27-000-2014-00149-00_21464_2018_13/02/2018300345402018SIN EXTRACTO DE RELATORIA
Sentencias de NulidadStella Jeannette Carvajal BastoMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROSMATIAS CORAL ZULUAGA Y FRANCISCO JAVIER AFANADOR QUIÑONESartículo 9 parcial del Decreto 4910 de 2011 y del artículo 11 del Decreto 489 de 2013.Identificadores10030141204true1236824original30138605Identificadores

Fecha Providencia

13/02/2018

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Stella Jeannette Carvajal Basto

Norma demandada:  artículo 9 parcial del Decreto 4910 de 2011 y del artículo 11 del Decreto 489 de 2013.

Demandante:  MATIAS CORAL ZULUAGA Y FRANCISCO JAVIER AFANADOR QUIÑONES

Demandado:  MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS


SIN EXTRACTO DE RELATORIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Referencia: NULIDAD

Radicación: 11001-03-27-000-2014-00149-00 (21464)

Acumulado: 11001-03-24-000-2014-00333-00

Demandantes: MATIAS CORAL ZULUAGA Y FRANCISCO JAVIER

AFANADOR QUIÑONES

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y

OTROS

Auto – Suspensión provisional

Procede el Despacho a resolver la solicitud de suspensión provisional solicitada en los expedientes Nos: 11001-03-27-000-2014-00149-00 (21464) y 11001-03-24-000-2014-00333-00.

EXPEDIENTE No. 11001-03-27-000-2014-00149-00 (21464)

El señor MATÍAS CORAL ZULUAGA, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con base en el artículo 231 del C.P.A.C.A solicita la suspensión provisional del artículo 9 parcial del Decreto 4910 de 2011 y del artículo 11 del Decreto 489 de 2013.

Las normas acusadas, disponen:

Decreto 4910 de 2011

Artículo 9º. Pérdida o improcedencia del beneficio de la progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios.

(…)

Tampoco procederá el beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios, cuando se incumpla con la renovación de la matricula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, cuando no se paguen en su oportunidad legal los aportes a salud y demás contribuciones de nómina, o cuando no se cumpla con el deber legal de presentar las declaraciones tributarias de orden nacional y territorial y de realizar los pagos de los valores a cargo en ellas determinados, autoliquidados o liquidados por la administración, dentro de los plazos señalados para el efecto.

Decreto 489 de 14 de marzo de 2013

Artículo 11. Conservación de los beneficios. De conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 1429 de 2010, los beneficios de que tratan los artículos 5º y 7º de la Ley 1429 de 2010 no podrán conservarse en el evento de incumplimiento de la renovación de la matricula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, el impago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones de nómina y el incumplimiento de las obligaciones en materia de impuesto de renta. Este último evento se configurará a partir del incumplimiento en la presentación de las declaraciones tributarias y de los pagos de los valores en ellas determinados, cuando los mismos se efectúen dentro de los términos legales señalados para el efecto por el Gobierno Nacional. Tratándose de otras declaraciones tributarias, será a partir del incumplimiento de cualquiera de los plazos establecido por el Gobierno Nacional.

El demandante manifestó que las normas trascritas son contrarias al artículo 8 de la Ley 1429 de 2010, pues de la simple confrontación es notoria su contradicción.

Indicó que la Ley 1429 de 2010 no estableció ninguna causal de pérdida de los beneficios establecidos en sus artículos 4, 5 y 7, sino que se limitó a indicar que tales prerrogativas se aplicarían dejando a salvo el cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas empresas beneficiarias en materia de presentación de declaraciones tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus obligaciones comerciales relacionadas con el registro mercantil.

Expresó que del texto legal no se infiere que la inobservancia, así sea temporal de las obligaciones, no acarrea automáticamente la pérdida de los beneficios.

Anotó que si bien el Presidente de la República, en desarrollo del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, está facultado para reglamentar la ley, al expedir las disposiciones acusadas incurrió en una extralimitación de la potestad reglamentaria, al establecer sanciones consistentes en la pérdida de los beneficios que tratan los artículos 4, 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, sin que en ella se contemplaran tales hipótesis.

Adujo que la Ley 1429 de 2010 no modificó las consecuencias que ordenamiento legal prevé por el no cumplimiento de requisitos formales en materia tributaria, por la no renovación de la matrícula mercantil, o por el no cumplimiento de las obligaciones laborales, ni agregó sanciones nuevas, como sí lo hace el decreto reglamentario.

Advirtió que la ilegalidad de la actuación de la Administración se hace ostensible cuando se repara en que el Gobierno Nacional no puede establecer sanciones por la inobservancia de disposiciones legales, toda vez que corresponde a una materia reservada al Congreso de la República.

TRÁMITE

Por auto de 27 de enero de 2015 (fl. 5) se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional a la parte demandada para que se pronunciara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante apoderada, manifestó que se opone a la solicitud de suspensión provisional de las normas acusadas, por cuanto no se evidencia vulneración al ordenamiento legal o constitucional.

Expresó que con la expedición de la Ley 1429 de 2010 el legislador buscó la “Formalización y generación de Empleo” y para lo cual introdujo beneficios tributarios a favor de un grupo de personas jurídicas, con la finalidad anotada.

Arguyó que no se observa exceso de la facultad reglamentaria en los decretos 4910 de 2011 y 489 de 2013, pues la Ley 1429 de 2010 prevé la progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios para que las pequeñas empresas que se formalicen generen empleo, reduciendo los gastos fiscales y, para tal efecto, estableció que se debe mantener la matrícula mercantil renovada, así como presentar y pagar sus acreencias fiscales, laborales y tributarias.

Reiteró que no hay exceso en la potestad reglamentaria, en tanto que el Decreto 4910 de 2011 consagra los instrumentos necesarios para que se controle la generación de empleo de las pequeñas empresas que se han formalizado, y le corresponde a la DIAN ejercer el control para el cumplimiento del objeto de la Ley.

Anotó que en el proceso No. 20731, se decretó la suspensión provisional de los artículos 7 y 9 (parcial) del Decreto 4910 de 2011, por lo que no hay lugar a un pronunciamiento diferente en relación con las mismas argumentaciones de ilegalidad de la disposición.

El Ministerio de Trabajo, a través de apoderado, se pronunció sobre la medida cautelar, y solicitó no acceder a la solicitud de suspensión provisional de los Decretos 4910 de 2011 y 489 de 2013, ya que fueron dictados conforme a derecho.

Señaló que la Ley 1429 de 2010 establece la improcedencia o pérdida del beneficio de progresividad al empresario que no cumpla los requisitos allí establecidos y, en concordancia, el artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 dispone que, en caso de incumplimiento, el beneficio se torna improcedente a partir del año gravable que ocurra.

Expresó que no puede entenderse como sanción una prohibición o la consecuencia por el incumplimiento de las condiciones para mantener los beneficios por la formalización y creación de empleo.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de apoderado, solicitó se denegara la solicitud de suspensión provisional de las normas demandadas.

Afirmó que las disposiciones impugnadas se expidieron con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y conforme con los parámetros de la Ley 1429 de 2010.

Agregó que la interpretación del demandante sobre el artículo 8 de la Ley 1429 de 2010 desconoce que el legislador creó una serie de prerrogativas de carácter tributario, parafiscal, matrícula mercantil y su renovación, tendientes a apoyar a las pequeñas empresas, lo cual conlleva el cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y comerciales.

El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de apoderada, solicitó se niegue la medida cautelar, puesto que no se evidencia violación de las normas demandadas, ni tampoco se aportaron pruebas que sustenten la petición de suspensión.

Manifestó que las normas demandadas fueron expedidas en virtud de la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional, y establecen un procedimiento para que los contribuyentes se acogieran al beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta.

Anotó que los beneficios tributarios son de carácter excepcional y, por tanto, las prohibiciones contempladas en la norma deben hacerse efectivas mediante la verificación de los documentos que permiten confirmar que se reúnan las condiciones que establece la ley para acceder o permanecer en dicho régimen excepcional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado, solicitó se desatienda la solicitud de suspensión provisional, toda vez que las razones de hecho y derecho que motivaron al Consejo de Estado en el expediente No. 19452 de 29 de noviembre de 2012 para desestimar la solicitud de suspensión provisional, resultan aplicables al presente caso.

EXPEDIENTE No. 11001-03-24-000-2014-00333-00.

El demandante solicita la suspensión provisional del artículo 11 del Decreto 489 de 14 de marzo de 2013, al considerar que “los beneficios que se eliminan con la aplicación de la norma impugnada son en su totalidad temporales, es decir, que será inocuo el fallo judicial que acceda a la pretensión de no suspender temporalmente dicho artículo, ya que los beneficios se establecen hasta el 31 de diciembre de 2014, per se, los beneficios no existirán en el tiempo que se profiera sentencia.

Agregó que la norma impugnada “se fundamenta en el art. 8 de la Ley 1429 de 2010 para eliminar beneficios, leído el artículo legal, no existe ninguna referencia a la pérdida de beneficios, por el contrario, establece que no afectan las obligaciones mercantiles, tributarias y laborales de la empresa beneficiada.[1]

TRÁMITE

Por auto de 15 de diciembre de 2017[2], se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional a la parte demandada para que se pronunciara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de apoderado, solicitó negar la solicitud de suspensión provisional de la norma demandada.

Indicó que esta Corporación en providencia de 28 de agosto de 2014, expedida en el proceso No. 20731, negó la solicitud de suspensión provisional del artículo 11 del Decreto 489 de 2013, ya que la improcedencia del beneficio de progresividad por el incumplimiento de obligaciones se encuentra en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010.

Anotó que la norma demandada fue expedida en virtud de la facultad reglamentaria, para establecer un procedimiento que permita a los contribuyentes acogerse al beneficio de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta.

Advirtió que todo beneficio tributario tiene un carácter excepcional, y es deber de la Administración velar y garantizar por su debida aplicación mediante la constatación de la documentación y, en este caso, no se evidencia de manera ostensible, notoria, palmaria o prima facie, la violación al ordenamiento jurídico.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado, reiteró que la providencia de 29 de noviembre de 2012, proferida por el Consejo de Estado en el expediente No. 19452, resulta aplicable al presente caso.

El Ministerio de Trabajo, a través de apoderado, expresó que los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010 tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014 y, por tanto, no es procedente que se decrete una suspensión provisional de una norma que ya no existe.

Indicó que si bien la ley no menciona una condición para la pérdida del beneficio, no imponerla llevaría a que a pesar del incumplimiento de las obligaciones, se mantengan los beneficios, lo cual está en contravía del objetivo de la ley, que es la formalización y la generación de empleo.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, a través de apoderada, manifestó que la solicitud de suspensión provisional es improcedente, ya que no cumple con los presupuestos contemplados en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

Advirtió que el demandante desconoce que el artículo 8 de la Ley 1429 de 2010 dispone que los beneficios allí consagrados no eximen a los beneficiarios del cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales y comerciales.

Precisó que los beneficios contemplados en la Ley 1429 de 2010 fueron consagrados para la vigencia 2014, por lo que en la actualidad el decreto de la medida cautelar no presenta utilidad.

CONSIDERACIONES

El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.

El artículo 231 ibídem, expresa:

“ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (…)”

En relación con las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sección Cuarta de esta Corporación en auto de 21 de mayo de 2014[3], indicó:

“(…)

Pues bien, el nuevo código (CPACA) amplió el marco de acción del juez contencioso administrativo otorgándole facultades de tutela equiparables a las que tiene cuando actúa como juez constitucional, facultades que están encaminadas a asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia judicial con la que terminará el proceso y así garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia.

(…)

Son tres los elementos esenciales que conforman el derecho de acceso a la administración de justicia: i) el acceso entendido como la posibilidad de acudir a la jurisdicción competente para dirimir un conflicto; ii) el derecho a obtener una resolución de fondo del conflicto y iii) el derecho a que la sentencia que se profiera se ejecute[4].

Así, las medidas cautelares en materia contencioso administrativa están orientadas a garantizar el último de los elementos que conforman el derecho de acceso a la administración de justicia, es decir, buscan proteger la realización de las decisiones judiciales, ya que permiten que el objeto del juicio permanezca inalterado durante el trámite del proceso, pues de lo contrario el restablecimiento del ordenamiento jurídico por medio de la sentencia sería puramente formal y no material.

Este punto es de singular importancia y se convierte en uno de los elementos distintivos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) que surgió como respuesta a los cambios operados en la realidad, frente a los cuales el juez contencioso administrativo requería facultades acordes con las distintas situaciones en las que pudieran estar los administrados por las acciones u omisiones de la Administración.

De esta manera, la nueva arquitectura de las medidas cautelares implica un avance muy significativo en la normativa colombiana en esta materia, que se pone a tono con los avances que en el mismo sentido se pueden identificar en el derecho comparado porque se “amplió el conjunto de herramientas precautelativas a disposición del juez con miras a garantizar la efectividad de sus sentencias y además extiende la aplicabilidad de aquellas a todas las modalidades de actuación de las autoridades pasibles de fiscalización en punto de su juridicidad por parte de la jurisdicción especializada”[5]

En este sentido, la Ley 1437 de 2011, (CPACA) incluye los tipos de cautelas y los requisitos para decretarlas recogidos en las legislaciones de los distintos países de la Unión Europea, esto es, las cautelas positivas y las negativas y los tres requisitos para su decreto:

  1. Apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), que exige un examen preliminar que no constituye prejuzgamiento bien respecto de la legalidad del acto (cautela suspensiva o negativa), bien respecto de la titularidad del derecho subjetivo que sustenta las pretensiones;
  2. Urgencia (periculum in mora). El juez determinará en cada caso si la duración del proceso puede tornar ineficaz un eventual fallo estimatorio de las pretensiones de la demanda, y
  3. Ponderación de intereses en conflicto, esto es, identificar las ventajas, para el interés general y los inconvenientes, para el derecho del demandante derivados de la denegación de la medida cautelar, versus, las ventajas para el derecho del demandante y los inconvenientes para el interés general, al otorgar la medida cautelar[6].

El artículo 229 del CPACA establece que el juez contencioso administrativo podrá decretar “las medidas cautelares que considere necesarias” para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

La medida cautelar podrá pedirse expresamente por la parte demandante que deberá sustentarla en debida forma (231 CPACA), antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del mismo, incluso en la segunda instancia.

Por su parte, el artículo 230 enumera las posibles medidas que pueden adoptarse, entre las que se encuentran cautelas negativas y positivas. La cautela negativa por antonomasia es la suspensión provisional, cuando el objeto de control es un acto administrativo. Las cautelas positivas operan cuando el litigio versa sobre la inactividad o las actuaciones de la Administración: hechos u operaciones administrativas y, dichas cautelas son de tipo preventivo, conservativo y anticipativo.

Las medidas cautelares preventivas tienen por finalidad evitar que se configure un perjuicio o se vulneren los derechos del demandante. A su turno, las medidas conservativas buscan preservar la situación previa al conflicto hasta que se profiera la sentencia. Finalmente, las medidas anticipativas, que adelantan algunos efectos de la sentencia, buscan restablecer la situación al estado en el que se encontraba antes de que ocurriera la conducta amenazante o vulnerante[7].

El decreto de alguna o varias de estas medidas cautelares no implica prejuzgamiento; para su decreto es suficiente que la demanda esté razonablemente fundada en derecho y que el demandante haya demostrado, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o los derechos invocados.

Ahora bien, el artículo 231 del CPACA establece los requisitos para decretar las medidas cautelares.

En primer lugar, en cuanto a la suspensión provisional de los actos administrativos indica que la medida debe ser solicitada en la demanda, o en escrito separado, en cualquier tiempo. Agrega que solo puede solicitarse en procesos que se adelanten contra actos administrativos definitivos, pues se trata de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho o de simple nulidad. Asimismo, señala que la causal debe ser la de violación de las normas invocadas y que la procedencia de la medida surja de la confrontación del acto acusado con dichas normas. Finalmente, cuando se trate de pretensiones de restablecimiento del derecho, se debe demostrar, sumariamente al menos, la existencia del daño[8].

En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el decreto de las demás medidas cautelares se requiere que exista la apariencia de buen derecho, esto es, que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas; que el demandante haya demostrado, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o derechos invocados, que se efectúe un juicio de ponderación de intereses que permita determinar si resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla y, que exista peligro para la efectividad de la sentencia, esto es que se produzca un perjuicio irremediable o que los efectos de la sentencia serían nugatorios[9].

(…)”.

En el presente caso el medio de control instaurado fue el de nulidad, motivo por el cual la suspensión provisional sólo tendría vocación de prosperidad si existiera violación de las disposiciones invocadas en la solicitud, y ésta surgiera del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores citadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

El Despacho observa que los actores solicitan que se declare la suspensión provisional de los efectos del inciso segundo del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 y del artículo 11 del Decreto 489 de 1993, al considerar que, en ambos casos, el Gobierno Nacional incurrió en una extralimitación de la potestad reglamentaria, al establecer la pérdida de los beneficios que tratan los artículos 4, 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, sin que en esa ley se contemplara alguna sanción.

El Despacho anota en primer término que, la Sala, en providencia de 28 de agosto de 2014, negó la suspensión provisional del aparte acusado del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 y del artículo 11 del Decreto 489 de 2013, en los siguientes términos[10]:

“4.6.- Por el contrario, no se suspenderán los efectos del resto de la disposición contenida en el artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 y la del artículo 11 del Decreto 489 de 2013, pues dichas normas prevén la improcedencia del beneficio de progresividad en los casos de incumplimiento de las obligaciones legales en materia mercantil, laboral y tributaria y de pérdida de la calidad de pequeña empresa, circunstancias que también fueron previstas por el legislador, como se explicó, en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010.

(…)”

Asimismo, en providencia de 17 de abril de 2017, el Despacho reiteró la negativa a suspender el inciso segundo del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, en los siguientes términos[11]:

“De otra parte, en relación con la solicitud de suspensión del inciso segundo del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, el Despacho no observa que el Gobierno Nacional hubiese incurrido en un exceso en la potestad reglamentaria, pues como lo expuso esta Corporación en la providencia de 28 de agosto de 2014, las condiciones que las pequeñas empresas deben mantener, relativas al número de trabajadores y al monto de los activos totales para ser consideradas como tales, así como los deberes que en materia laboral y tributaria les corresponde cumplir para no perder el beneficio tributario, se encuentran señaladas en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010[12].

Entonces, condiciones tales como el cumplimiento de obligaciones tributarias de carácter formal y sustancial, son exigencias que no desbordan el contenido de la Ley 1429 de 2010 sino que concuerdan con el objetivo de promover la generación de empleo formal.

Por lo tanto, el exigir el cumplimiento de ciertos requisitos so pena de la pérdida de un beneficio fiscal, no constituye una ilegalidad por parte del Gobierno Nacional, toda vez que una persona que no ostenta las calidades requeridas para ser considerada como pequeña empresa y además no cumple con las obligaciones laborales y tributarias previstas en el ordenamiento jurídico, mal puede hacerse acreedora a un beneficio tributario.”

De conformidad con el precedente trascrito, el Despacho considera que no le asiste razón a los demandantes al señalar que las normas acusadas exceden la potestad reglamentaria, pues los deberes que allí se establecen en materia tributaria, laboral y comercial, corresponden con lo establecido en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010 y con el objetivo de promover la generación de empleo formal.

En tales condiciones, al no surgir la violación alegada por los demandantes, no es procedente decretar la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1.- NIÉGASE la suspensión provisional de los efectos del inciso segundo del artículo 9 del Decreto Nacional 4910 de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2.-RECONÓCESE personería a la doctora MARITZA ALEXANDRA DÍAZ GRANADOS, como apoderada de la U.A.E. DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido, en el proceso No. 20140014900 (21464) (fl. 29 c.s.p.).

3.-RECONÓCESE personería a los doctores DIEGO EMIRO ESCOBAR PERDIGÓN y MARTHA AYALA ROJAS, como apoderados del Ministerio de Trabajo, en los términos y para los efectos del poder conferido, en los procesos Nos. 20140014900 (21464) y 20140033300, respectivamente (fl. 48 y 47 c.s.p.).

4.-RECONÓCESE personería al doctor JUAN CARLOS PÉREZ FRANCO como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los efectos del poder conferido, en los procesos Nos. 20140014900 (21464) y 20140033300 (107 y 39 c.s.p.).

5.-RECONÓCESE personería a los doctores CAMILO ALFONSO HERRERA URREGO y HÉCTOR MAURICIO GARCÍA CARMONA, como apoderados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los términos y para los efectos del poder conferido, en los procesos Nos. 20140014900 (21464) y 20140033300, respectivamente (fl. 63 y 24 c.s.p.).

6.-RECONÓCESE personería a la doctora CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENÍTEZ, como apoderada del DANE, en el expediente No. 20140014900 (21464) , de conformidad con la Resolución de Delegación de Funciones No. 225 de 31 de enero de 2014, proferida por el Director de la entidad (fls. 58 s.s. c.s.p.).

7.-RECONÓCESE personería a la doctora DIANA MARCELA ROA SALAZAR, como apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y para los efectos del poder conferido en el proceso No. 20140014900 (21464) (fl. 91 c.s.p.).


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

[1] Fls. 5-6 c.s.p.

[2] Fl. 15. c.s.p.

[3] Radicación No. 110010324000201300534 00.

[4] Op. cit. Gómez Aranguren, Eduardo.

[5] Fajardo Gómez, Mauricio. Medidas Cautelares. En: Memorias del Seminario Internacional de presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Imprenta Nacional.

[6] Ibíd.

[7] Op. cit. Gómez Aranguren, Eduardo.

[8] Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Bogotá. Legis. 2ª Edición.

[9] Ibíd.

[10] Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. 11001-03-27-000-2014-00003-00 (20731).

[11] Exp.11001-03-27-000-2013-00036-00 (20728)

[12] ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES.

1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, se entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa informal.

ARTÍCULO 4. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:

ARTÍCULO 8o. Los beneficios establecidos en los artículos 4, 5 y 7 de la presente ley se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas empresas beneficiarias, en materia de presentación de declaraciones tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus obligaciones comerciales relacionadas con el registro mercantil.