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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010000938SENTENCIAPRIMERA11001032400020030039801200508/09/2005SENTENCIA__PRIMERA__11001032400020030039801__2005_08/09/2005100009382005LICENCIA AMBIENTAL - Competencia del Minambiente para actividades de exploración, explotación, transporte de hidrocarburos y construcción de refinerías / LICENCIA AMBIENTAL - Legalidad del Decreto 1180 de 2003 De la confrontación entre el numeral 1 del artículo 8º acusado y las disposiciones que se consideran quebrantadas , colige la Sala que el artículo 52 numeral 1 de la Ley 99 de 1993 consagra la exigencia de la licencia ambiental para las actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías, que conforme a la ley o al reglamento puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notarias al paisaje. No advierte la Sala que dentro de las actividades enumeradas en el artículo acusado estén excluidas o restringidas otras a las que sí se refiere la Ley; y tampoco en el expediente hay elementos de juicio que permitan demostrar que algunas actividades que sí producen deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducen modificaciones considerables o notarias al paisaje han sido excluidas en el reglamento para efectos de la exigencia del requisito de la licencia ambiental, lo que descarta la prosperidad del primer cargo de la demanda. LICENCIA AMBIENTAL - Importación de plaguicidas químicos de uso agrícola: remisión a la Decisión 436 de la Comunidad Andina / PLAGUICIDAS - Licencia ambiental: competencia del Ministerio del Medio Ambiente / PLAGUICIDAS - Su importación requiere licencia ambiental del Ministerio del Medio Ambiente: sujeción a Decisión 436 / PRIMACIA DEL DERECHO COMUNITARIO - Modificación de la Decisión 436 sobre la Ley 99 de 1993: importación de plaguicidas Resulta claro para la Sala que el numeral 12 ibídem, tampoco excede el espíritu del numeral 8 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, pues si bien es cierto que esta norma consagra la exigencia de la licencia ambiental para la producción e importación de pesticidas y de aquellas sustancias sujetas a control en virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales y la norma cuestionada solo alude a la producción, no lo es menos que el parágrafo 1º del numeral 16 del artìculo 8º del Decreto acusado, expresa: "Parágrafo 1. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 436 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará el procedimiento para la expedición del dictamen técnico ambiental a que alude el artículo 54 de la citada norma".La importación de plaguicidas sí esta contemplada en el Decreto 1180 de 2003 que remite en este aspecto, a la Decisión 436 de la Comunidad Andina que reguló ampliamente lo relativo a la importación de pesticidas. El artículo 54 de la Decisión 436, norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola establece(...). Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "pesticida" significa: "Que se destina a combatir las plagas" y Plaguicida significa "Pesticida". En consecuencia, como la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, a que se remite el Decreto acusado, consagra el procedimiento a que están sometidos los plaguicidas químicos de uso agrícola y en el Capítulo V, relativo a "DE LOS PERMISOS ESPECIALES" se refiere a la prohibición de la importación a los países de la subregión andina de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola en tanto a juicio de la autoridad nacional competente ofrezca riesgos para la salud y el ambiente, estima la Sala que la actividad de importación no quedó por fuera de regulación del Decreto acusado. En efecto, la Decisión 436 de 1998, norma comunitaria que prevalece sobre el derecho interno y mediante la cual se regula el registro y control de plaguicidas químicos de uso Agrícola, dispuso en su artículo 3º lo siguiente: (...). Por su parte, los artículos 13 y 14 de la citada Decisión, disponen: (...). El artículo 16, ibídem, establece que todo interesado en realizar actividades de fabricación, formulación, "importación", exportación, envasado o distribución de un plaguicida químico de uso agrícola en los Países Miembros, que haya cumplido con lo establecido en el artículo 10 de esta Decisión, deberá obtener un registro del producto o contar con autorización de su titular, para tal fin. El inciso segundo del citado artículo 16 dispone: "Para toda importación de plaguicidas terminados o ingredientes activos grado técnico, el importador deberá contar además con la autorización de importación otorgada por la Autoridad Nacional Competente. El otorgamiento o denegación de la autorización será atendido en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación." La Decisión 436 fue expedida el 16 de junio de 1998, es decir, con posterioridad a la Ley 99 de 1993 que debe entenderse entonces modificada por aquella puesto que se trata de una norma supranacional incorporada en el derecho interno, y a ella debe someterse el trámite de importación de pesticidas en el entendido que la autoridad nacional competente, para efectos ambientales, es el Ministerio del Medio Ambiente. Al establecerse que la importación de pesticidas quedó regulada mediante la Decisión 436 de la Comunidad Andina, la norma acusada no ha vulnerado disposición superior alguna. En consecuencia, deben denegarse las súplicas de la demanda. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMARIA CLAUDIA ROJAS LASSORAUL ARMANDO PEÑA CELYnumerales 1 y 12 del artículo 8 del Decreto 1180 del 10 de mayo de 2003Identificadores10010000939true1226Versión original10000939Identificadores

Fecha Providencia

08/09/2005

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Norma demandada:  numerales 1 y 12 del artículo 8 del Decreto 1180 del 10 de mayo de 2003

Demandante:  RAUL ARMANDO PEÑA CELY


LICENCIA AMBIENTAL - Competencia del Minambiente para actividades de exploración, explotación, transporte de hidrocarburos y construcción de refinerías / LICENCIA AMBIENTAL - Legalidad del Decreto 1180 de 2003

De la confrontación entre el numeral 1 del artículo 8º acusado y las disposiciones que se consideran quebrantadas , colige la Sala que el artículo 52 numeral 1 de la Ley 99 de 1993 consagra la exigencia de la licencia ambiental para las actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías, que conforme a la ley o al reglamento puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notarias al paisaje. No advierte la Sala que dentro de las actividades enumeradas en el artículo acusado estén excluidas o restringidas otras a las que sí se refiere la Ley; y tampoco en el expediente hay elementos de juicio que permitan demostrar que algunas actividades que sí producen deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducen modificaciones considerables o notarias al paisaje han sido excluidas en el reglamento para efectos de la exigencia del requisito de la licencia ambiental, lo que descarta la prosperidad del primer cargo de la demanda.

LICENCIA AMBIENTAL - Importación de plaguicidas químicos de uso agrícola: remisión a la Decisión 436 de la Comunidad Andina / PLAGUICIDAS - Licencia ambiental: competencia del Ministerio del Medio Ambiente / PLAGUICIDAS - Su importación requiere licencia ambiental del Ministerio del Medio Ambiente: sujeción a Decisión 436 / PRIMACIA DEL DERECHO COMUNITARIO - Modificación de la Decisión 436 sobre la Ley 99 de 1993: importación de plaguicidas

Resulta claro para la Sala que el numeral 12 ibídem, tampoco excede el espíritu del numeral 8 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, pues si bien es cierto que esta norma consagra la exigencia de la licencia ambiental para la producción e importación de pesticidas y de aquellas sustancias sujetas a control en virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales y la norma cuestionada solo alude a la producción, no lo es menos que el parágrafo 1º del numeral 16 del artìculo 8º del Decreto acusado, expresa: "Parágrafo 1. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 436 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará el procedimiento para la expedición del dictamen técnico ambiental a que alude el artículo 54 de la citada norma".La importación de plaguicidas sí esta contemplada en el Decreto 1180 de 2003 que remite en este aspecto, a la Decisión 436 de la Comunidad Andina que reguló ampliamente lo relativo a la importación de pesticidas. El artículo 54 de la Decisión 436, norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola establece(...). Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "pesticida" significa: "Que se destina a combatir las plagas" y Plaguicida significa "Pesticida". En consecuencia, como la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, a que se remite el Decreto acusado, consagra el procedimiento a que están sometidos los plaguicidas químicos de uso agrícola y en el Capítulo V, relativo a "DE LOS PERMISOS ESPECIALES" se refiere a la prohibición de la importación a los países de la subregión andina de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola en tanto a juicio de la autoridad nacional competente ofrezca riesgos para la salud y el ambiente, estima la Sala que la actividad de importación no quedó por fuera de regulación del Decreto acusado. En efecto, la Decisión 436 de 1998, norma comunitaria que prevalece sobre el derecho interno y mediante la cual se regula el registro y control de plaguicidas químicos de uso Agrícola, dispuso en su artículo 3º lo siguiente: (...). Por su parte, los artículos 13 y 14 de la citada Decisión, disponen: (...). El artículo 16, ibídem, establece que todo interesado en realizar actividades de fabricación, formulación, "importación", exportación, envasado o distribución de un plaguicida químico de uso agrícola en los Países Miembros, que haya cumplido con lo establecido en el artículo 10 de esta Decisión, deberá obtener un registro del producto o contar con autorización de su titular, para tal fin. El inciso segundo del citado artículo 16 dispone: "Para toda importación de plaguicidas terminados o ingredientes activos grado técnico, el importador deberá contar además con la autorización de importación otorgada por la Autoridad Nacional Competente. El otorgamiento o denegación de la autorización será atendido en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación." La Decisión 436 fue expedida el 16 de junio de 1998, es decir, con posterioridad a la Ley 99 de 1993 que debe entenderse entonces modificada por aquella puesto que se trata de una norma supranacional incorporada en el derecho interno, y a ella debe someterse el trámite de importación de pesticidas en el entendido que la autoridad nacional competente, para efectos ambientales, es el Ministerio del Medio Ambiente. Al establecerse que la importación de pesticidas quedó regulada mediante la Decisión 436 de la Comunidad Andina, la norma acusada no ha vulnerado disposición superior alguna. En consecuencia, deben denegarse las súplicas de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00398-01

Actor: RAUL ARMANDO PEÑA CELY

Demandado: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sala a proferir sentencia dentro del proceso de nulidad instaurado contra los numerales 1 y 12 del artículo 8 del Decreto 1180 del 10 de mayo de 2003, expedido por el Gobierno Nacional - Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda.

A.1. El Actor, el tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda.

El ciudadano Raúl Armando Peña Cely instauró acción de nulidad en contra de los numerales 1 y 12 del artículo 8 del Decreto 1180 del 10 de mayo de 2003, expedido por el Gobierno Nacional - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales.

El actor solicita que se declare la nulidad de las normas mencionadas anteriormente, por ser contrarias a la normatividad constitucional y legal.

A.2. Los hechos de la demanda.

Como hechos de la demanda se citan los siguientes:

1. El Congreso de la República expidió la Ley 99 de 1993, mediante la cual "se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables". En el Título VIII se reguló el tema de las licencias ambientales.

2. A través de diferentes decretos y resoluciones, el Gobierno Nacional ha intentado modificar el alcance de las disposiciones del Título VIII de la Ley 99 de 1993. Entre ellos, se encuentran el Decreto Reglamentario 1753 de 1994, los artículos 133 y 134 del Decreto Extraordinario 2150 de 1995, el Decreto 1421 de 1996, la Resolución 655 de 1996, el Decreto 883 de 1997, el Decreto 788 de 1999, el Decreto 1728 de 2002, y por el último, el Decreto 1180 de 2003.

3. Las normas anteriores, con excepción del Decreto 1180 de 2003, han perdido vigencia y/o validez, por haber sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, anuladas por el Consejo de Estado, o sustituidas por otros decretos.

4. El Decreto 1180 de 2003, disminuye el número de proyectos y obras que según la Ley 99 de 1993 requieren de la licencia ambiental. Específicamente, existen dos (2) normas que recortan el número de proyectos y obras que requieren de la licencia ambiental:

4.1. El numeral 1 del artículo 8, que contiene la lista de actividades del sector hidrocarburos que requieren licencia ambiental. Este listado excluye algunas de las actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías, que según el numeral 1 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, requieren de licencia ambiental.

4.2. El numeral 12 del artículo 8, que únicamente exige la licencia ambiental para la producción de pesticidas, y no para su importación, como lo dispone el numeral 8 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993.

A.3. Normas violadas y concepto de violación.

A juicio del actor, con la expedición de estas normas se han transgedido las siguientes disposiciones:

- El numeral 1 del artículo 150 y el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

- Artículos 49 y 52 de la Ley 99 de 1993.

En primer término, se alega un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, con una franca violación del numeral 1 del artículo 150 y del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Se argumenta que a través de los decretos reglamentarios, el Gobierno Nacional únicamente debe tomar las medidas para la debida ejecución de la ley y precisar el sentido y alcance de las disposiciones legales, pero nunca adicionarla, restringirla o recortarla, como sucedió en este caso donde se pretende disminuir el número de proyectos y obras que requieren de licencia ambiental en el sector de los hidrocarburos y en la importación de pesticidas.

De la misma manera, el actor sostiene que las normas demandadas desconocen el artículo 49 y los numerales 1 y 8 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993.

Con respecto al sector de los hidrocarburos, mientras que el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 exige la licencia ambiental para todas las obras y actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y refinerías, la norma demandada únicamente exige la licencia ambiental respecto de algunas de dichas actividades, que se encuentran en listado contenido en el numeral 1 del artículo 8 del Decreto 1180 de 2003; las demás actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y refinerías que no encuadran dentro del listado, no requieren la licencia ambiental. Por tal motivo, la disposición demandada altera, modifica y restringe el alcance de la Ley 99 de 1993.

Con respecto al numeral 12 del artículo 8 del Decreto 1180 de 2003, se sostiene que vulnera el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, ya que mientras en esta norma se exige la licencia ambiental para la producción y la importación de pesticidas y demás sustancias, materiales o productos sujetos a controles en virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales, en el Decreto 1180 únicamente se exige la licencia para la producción de dichas sustancias, y no para su importación. Al igual que en el caso anterior, la disposión demandada altera, modifica y restringe el alcance de la Ley 99 de 1993.

B. Contestación de la demanda.

La parte demandada se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, con base en el siguiente razonamiento:

Ø El Gobierno Nacional tiene competencia para reglamentar la Ley 99 de 1993, en virtud del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. El Decreto 1180 de 2003 reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 2003, en virtud de esta facultad.

Ø El artículo 52 de la Ley 99 de 1993, que establece el listado de proyectos de competencia privativa del Ministerio del Medio Ambiente para el otorgamiento de la licencia ambiental, debe ser interpretado de conformidad con las demás normas ambientales, y específicamente de conformidad con el artículo 49 de la Ley 99 de 1993. En virtud de esta interpretación sistemática, los proyectos relacionados en el mencionado artículo 52 sólo requieren licencia cuando causen un impacto significativo al medio ambiente o a las riquezas paisajísticas, de acuerdo con lo establecido en los respectivos decretos reglamentarios.

De la lista de actividades, obras y proyectos contenida en el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, el artículo 8 del Decreto 1180 de 1993 determinó cuáles causan un impacto significativo en el medio ambiente y en el paisaje, de acuerdo con el artículo 49 de 1993.

Por este motivo, las normas demandadas no exceden la facultad reglamentaria, sino que se ajustan plenamente al artículo 49 y 52 de la Ley 99 de 1993, y a los artículos 150 y 189 de la Carta Política.

Ø La Ley 99 de 1993 no exige la licencia ambiental para la importación de pesticidas, pues lo que se utiliza en este tipo de casos son los "instrumentos de planificación y de control de desempeño ambiental". Antes que desconocer la Ley 99 de 1993, el Decreto 1180 de 2003 ha dado cumplimiento a la Ley 740 de 2002, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad, y a la Decisión 436 de la Comunidad Andina, según la cual debe existir un dictamen técnico ambiental para importación de los pesticidas químicos.

C. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público, considera que no existe ningún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad, por cuanto el decreto fue "expedido siguiendo los marcos legales establecidos por la Constitución y la Ley, no observándose, exceso alguno en el ejercicio de las funciones propias del ejecutivo".

El Gobierno Nacional expidió el decreto en ejercicio de la facultad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, de modo que no existe ningún tipo de irregularidad en su expedición.

Adicionalmente, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece que las licencias ambientales son necesarias para todas las actividades que según la ley y los reglamentos causen un impacto significativo en el medio ambiente o en el paisaje. Es decir, a través de reglamentos como el Decreto 1180 de 2003 se determinan qué tipo de actividades requieren de la licencia ambiental.

En el caso específico del sector de hidrocarburos, lo que hizo del artículo 8 del Decreto 1180 de 2003 fue indicar los casos en que se requiere la licencia ambiental, desarrollando el artículo 52 de la Ley 99 de 1993. Es decir, no existe ningún tipo de violación a la ley, y por el contrario, a través de esta reglamentación se hace posible el cumplimiento de las normas legales ambientales.

Con respecto al numeral 12 del artículo 8 del Decreto 1180 de 2003, debe tenerse en cuenta que aunque no se reglamenta el tema de las licencias ambientales para la importación de pesticidas, explícitamente se establece que para el ejercicio de esta actividad se debe seguir el procedimiento señalado en la Decisión Andina 436 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias. En la medida en que existe una normatividad especial que regula el procedimiento para la importación de pesticidas, el Gobierno Nacional carecía de toda competencia para exigir la licencia ambiental para este tipo de actividades.

D. Alegatos de las partes.

D.1. Alegatos de conclusión de la parte actora.

La parte actora reitera los argumentos presentados en la demanda, aclarando que el problema jurídico no gira en torno a la competencia privativa del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para expedir las licencias ambientales, sino en torno a la exigencia de la licencia ambiental para las actividades relacionadas con el sector de los hidrocarburos y las de producción e importación de pesticidas. A juicio del actor, "la demanda no tiene que ver con colusión de competencias, entre dos o más entidades o algo parecido" sino con la "deslicenciación" de algunas actividades para las cuales la Ley 99 de 1993 había exigido la licencia ambiental.

Reitera los cargos de la demanda.

D.2. Alegatos de conclusión de la parte demandada.

La parte demandada sostiene que sean tenidos como alegatos los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

El artículo 8 del Decreto No. 1180 de 10 de mayo de 2003, en los numerales acusados, prevé:

"Artículo 8. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

1. En el sector hidrocarburos:

a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular.

b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario.

c) La exploración de hidrocarburos que incluye las instalaciones propias de la actividad y obras complementarias incluidas el transporte interno del campo por ductos y su almacenamiento interno, las vías y demás infraestructura asociada.

d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas (15.24 cm), y el transporte de hidrocarburos gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación y que reúnan las siguientes condiciones: longitudes mayores de diez (10) kilómetros, diámetros mayores a seis (6) pulgadas y presión de operación a veintiocho (28) bares (400 (psi), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo;

e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte por ductos;

f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación.

(...)

12. La producción de pesticidas y de aquellas sustancias, materiales o productos o sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales".

Las Normas de orden superior que se consideran quebrantadas, son :

- De la Constitución Política: los artículos 150 núm. 1 y 189 numeral 11, los cuales prevén:

"Articulo 150.- Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las Leyes

" Artículo 189.- Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(…)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes."

- De la Ley 99 de 1993: los artículos 49 y 52 que rezan:

"Artículo 49. De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notarios al paisaje requerían de una Licencia Ambiental.".

"Artículo 52.Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente otorgará de manera privativa la licencia ambiental en los siguientes casos:

1. Ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías

(...)

8. Producción e importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales".

De la confrontación entre el numeral 1 del artículo 8º acusado y las disposiciones que se consideran quebrantadas , colige la Sala que el artículo 52 numeral 1 de la Ley 99 de 1993 consagra la exigencia de la licencia ambiental para las actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías, que conforme a la ley o al reglamentopuedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notarias al paisaje.

No advierte la Sala que dentro de las actividades enumeradas en el artículo acusado estén excluidas o restringidas otras a las que sí se refiere la Ley; y tampoco en el expediente hay elementos de juicio que permitan demostrar que algunas actividades que sí producen deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducen modificaciones considerables o notarias al paisaje han sido excluidas en el reglamento para efectos de la exigencia del requisito de la licencia ambiental, lo que descarta la prosperidad del primer cargo de la demanda.

Ahora, resulta claro para la Sala que el numeral 12 ibídem, tampoco excede el espíritu del numeral 8 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, pues si bien es cierto que esta norma consagra la exigencia de la licencia ambiental para la producción e importación de pesticidas y de aquellas sustancias sujetas a control en virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales y la norma cuestionada solo alude a la producción, no lo es menos que el parágrafo 1º del numeral 16 del artìculo 8º del Decreto acusado, expresa:

" Parágrafo 1. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 436 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará el procedimiento para la expedición del dictamen técnico ambiental a que alude el artículo 54 de la citada norma".

La importación de plaguicidas sí esta contemplada en el Decreto 1180 de 2003 que remite en este aspecto, a la Decisión 436 de la Comunidad Andina que reguló ampliamente lo relativo a la importación de pesticidas.

El artículo 54 de la Decisión 436, norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola establece:

Artículo 54.- De acuerdo con su ordenamiento jurídico y procedimientos internos, cada País Miembro definirá las áreas de responsabilidad institucional para la evaluación de los aspectos agronómicos, de salud y ambientales, inherentes al Registro.

Para el análisis de riesgo-beneficio, la Autoridad Nacional Competente basará su decisión en los dictámenes técnicos emitidos por las instituciones señaladas supra, o en la opinión de los especialistas que sean convocados para asesorar en la materia, cuando se considere necesario.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "pesticida" significa: "Que se destina a combatir las plagas" y Plaguicida significa "Pesticida".

En consecuencia, como la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, a que se remite el Decreto acusado, consagra el procedimiento a que están sometidos los plaguicidas químicos de uso agrícola y en el Capítulo V, relativo a "DE LOS PERMISOS ESPECIALES" se refiere a la prohibición de la importación a los países de la subregión andina de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola en tanto a juicio de la autoridad nacional competente ofrezca riesgos para la salud y el ambiente, estima la Sala que la actividad de importación no quedó por fuera de regulación del Decreto acusado.

En efecto, la Decisión 436 de 1998, norma comunitaria que prevalece sobre el derecho interno y mediante la cual se regula el registro y control de plaguicidas químicos de uso Agrícola, dispuso en su artículo 3º lo siguiente:

"Artículo 3.- La presente Decisión se aplica a todos los plaguicidas químicos de uso agrícola, originarios o no de la Subregión, incluyendo los ingredientes activos grado técnico, y sus formulaciones. Se exceptúan los agentes biológicos utilizados para el control de plagas."

Por su parte, los artículos 13 y 14 de la citada Decisión, disponen:

"Artículo 13.- Se prohibe la importación a los países de la Subregión Andina, de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola, en tanto, a juicio de la Autoridad Nacional Competente, no existan las capacidades y regulaciones nacionales indispensables para asegurar que se minimicen los riesgos para la salud y el ambiente. La Autoridad Nacional Competente lo comunicará de manera fundamentada a la Secretaría General y ésta a los demás Países Miembros.

Sección II

PARA EXPERIMENTACION

Artículo 14.- Como paso previo para el registro comercial de un plaguicida químico de uso agrícola que se produzca o ingrese por primera vez a un País Miembro, la Autoridad Nacional Competente podrá autorizar la importación y utilización de cantidades limitadas del mismo para realizar pruebas experimentales de eficacia. El permiso otorgado con este fin se enmarcará en protocolos específicos aprobados por dicha autoridad, quien supervisará la conducción de los ensayos. En caso de competencia institucional, la Autoridad Nacional Competente coordinará el otorgamiento de este permiso con los sectores salud y ambiente.

Con la solicitud de permiso se deberá presentar la siguiente información:

- Nombre, dirección e identidad del solicitante del permiso.

- - Nombre, dirección y datos de identificación del fabricante, formulador o importador.

- Nombre del producto, si lo hubiera.

- Nombre común del plaguicida.

- Nombre químico.

- Fórmula estructural.

- Composición química: ingredientes activos y aditivos (descripción y contenido).

- Características físicas y químicas.

- Tipo de formulación.

- Cantidad de producto requerido o a importarse.

- Protocolo de ensayo de eficacia, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Técnico.

- Indicaciones sobre la toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria, toxicidad subcrónica de 90 días y toxicidad crónica, y pruebas de mutagénesis, mínimo 2; neurotoxicidad cuando fuere aplicable.

- Información sobre ecotoxicidad del producto, toxicidad aguda en aves, organismos acuáticos y abejas.

- Información sobre estudios básicos de residualidad, degradabilidad y persistencia.

- Precauciones de uso.

- Elementos de protección para el manejo y controles de salud de los aplicadores.

- Tratamiento y disposición de desechos y residuos.

- Forma de eliminación de los cultivos tratados.

- Recomendaciones para el médico y tratamientos.

El permiso de experimentación se expedirá en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de recibida toda la información solicitada. Este permiso tendrá vigencia de un año y podrá ser renovado por un período igual, mediante solicitud justificada que deberá presentarse treinta (30) días hábiles antes de su vencimiento.

Cada País Miembro determinará las condiciones y procedimientos para la expedición de los permisos para experimentación."

El artículo 16, ibídem, establece que todo interesado en realizar actividades de fabricación, formulación, "importación", exportación, envasado o distribución de un plaguicida químico de uso agrícola en los Países Miembros, que haya cumplido con lo establecido en el artículo 10 de esta Decisión, deberá obtener un registro del producto o contar con autorización de su titular, para tal fin.

El artículo 10 de la citada Decisión 436 dispone:

Artículo 10.- Los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasa-dores y distribuidores de plaguicidas químicos de uso agrícola, sean éstos personas naturales o jurídicas, deberán estar registrados ante la Autoridad Nacional Competente.

Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro respectivo, otorgado por la Autoridad Nacional Competente en cumplimiento a las disposiciones del presente artículo.

El inciso segundo del citado artículo 16 dispone:

CAPITULO VI

DEL REGISTRO NACIONAL DE PLAGUICIDAS QUIMICOS DE USO AGRICOLA

Sección I

DE LA OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO

Artículo 16.- Todo interesado en realizar las actividades de fabricación, formulación, importación, exportación, envasado o distribución de un plaguicida químico de uso agrícola en los Países Miembros, que haya cumplido con lo establecido en el artículo 10 de esta Decisión, deberá obtener el registro del producto o contar con autorización de su titular, para tal fin.

Para toda importación de plaguicidas terminados o ingredientes activos grado técnico, el importador deberá contar además con la autorización de importación otorgada por la Autoridad Nacional Competente. El otorgamiento o denegación de la autorización será atendido en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación."

La Decisión 436 fue expedida el 16 de junio de 1998, es decir, con posterioridad a la Ley 99 de 1993 que debe entenderse entonces modificada por aquella puesto que se trata de una norma supranacional incorporada en el derecho interno, y a ella debe someterse el trámite de importación de pesticidas en el entendido que la autoridad nacional competente, para efectos ambientales, es el Ministerio del Medio Ambiente.

Al establecerse que la importación de pesticidas quedó regulada mediante la Decisión 436 de la Comunidad Andina, la norma acusada no ha vulnerado disposición superior alguna.

En consecuencia, deben denegarse las súplicas de la demanda.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º. DENIEGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el veintitrés (8) de septiembre de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO